Quien se benefició es igual de responsable como el que permitió que no se fiscalizarán los fondos del Estado, y ambos deben responder por la lesión patrimonial causada al Estado.
A la anterior conclusión llegaron abogados y representantes de la sociedad civil al pronunciarse ayer sobre las investigaciones que adelanta la Fiscalía Segunda Anticorrupción por la compra de comida deshidratada –con supuestos sobreprecios–, a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
De acuerdo con algunos de los consultados, las autoridades deben ordenar la cautelación de bienes de los exfuncionarios vinculados con el contrato –de $44.9 millones–, cuya ejecución supuestamente fraudulenta habría causado una lesión patrimonial al Estado de más de $30 millones.
Hasta ahora, la fiscalía ha imputado cargos por peculado a Giacomo Tamburrelli, exjefe del PAN; Lucy Molinar, exministra de Educación; María Fábrega, ex viceministra de la Presidencia; y Gioconda Torres de Bianchini, excontralora.
Iguales cargos formuló y ordenó indagar (hoy) a Federico Suárez, extitular de Obras Públicas; y a Marta Susana de Varela, ex viceministra de Desarrollo Social.
Todos los anteriores firmaron como miembros de la directiva del PAN, el 10 de diciembre de 2011, el contrato de la comida deshidratada con la empresa Lerkshore International Limited, representada por Rubén De Ycaza, sobre quien pesa una medida cautelar de casa por cárcel.
El expresidente Ricardo Martinelli, aunque no firmó en la directiva del PAN, fue señalado por Tamburrelli como la persona que dio la orden para que se adjudicara el contrato a la empresa Lerkshore International Limited y se fijaran los precios por la nueva comida, destinada a escuelas de bajos estratos socioeconómicos. “Todo fue una pantalla”, declaró Tamburrelli.
De esta manera, el Gobierno llegó a pagar la sopa instantánea más cara del mercado, y el arroz precocido más oneroso. Cada sopa que Lerkshore International le vendió al PAN costó $26.04, cuando el precio regular del producto en cualquier súper del país es de $5.
En el caso de Martinelli, está pendiente que el Tribunal Electoral (TE) autorice o no el levantamiento de su fuero penal, de modo que la Corte Suprema de Justicia proceda a investigarlo.
FISCALÍA DE CUENTAS INVESTIGA
En tanto, la Fiscalía de Cuentas adelanta un proceso tras haber recibido en febrero pasado un informe de la Contraloría, que calcula en $44 millones la lesión patrimonial al Estado.
Una fuente de ese despacho informó que se espera que concluyan las investigaciones del caso, por las que, como se dijo, ya se han citado a declarar a varios de los imputados.
“Se han citado a los mismos que están asistiendo al Ministerio Público”, reveló.
La Fiscalía de Cuentas también hizo un análisis jurídico contable del contrato de la comida deshidratada y basado en este pidió a la Dirección Nacional de Investigación y Auditoría Forense de la Contraloría una auditoría del contrato y los dos desembolsos para su cancelación.
El primer pago se concretó el 2 de marzo de 2011 por 15 millones 582 mil 243 dólares, y el segundo en junio de ese mismo año por 29 millones 411 mil 818 dólares.
CONTRATO LESIVO
Detalles preliminares relacionados con una auditoría que ya efectuó la Contraloría revelan las quejas de los directores de las escuelas, los padres de familia y los estudiantes sobre la mala calidad de la comida, que producía vómitos y diarrea a los chiquillos.
El análisis jurídico que hizo la Fiscalía Segunda Anticorrupción recogió declaraciones de afectados por la ingesta de esta comida y algunas advertencias que se hicieron antes de que se ejecutara el contrato.
En efecto, el Departamento de Nutrición y Salud Escolar del Ministerio de Educación (Meduca) dio en 2010 algunas recomendaciones antes de entregar los alimentos deshidratados.
“Muchos centros educativos en el año 2010 no contaban con agua potable, lo que podía poner en riesgo la inocuidad de los productos, como acontecía en el Colegio Ánimas de Boró (de Veraguas)”.
También se recoge un informe del jefe de Programas de Nutrición del PAN [Ángel Famiglietti, también imputado en el caso], quien advirtió el 7 de septiembre de 2011 sobre la existencia de elementos extraños en los empaques, donde se encontraban los alimentos deshidratados, esto en la Escuela República de Nicaragua, en la provincia de Bocas del Toro. De igual manera, se reportaron productos vencidos y próximos a vencer”.
En la investigación del MP se recoge el testimonio de Lucía Cedeño Gálvez de Brown, funcionaria de la Dirección de Nutrición y Salud Escolar del Meduca, quien señaló: “estos alimentos que se proporcionaron no contaban con la buena aceptación por los estudiantes, ya que eran muy concentrados y se recibían quejas constantemente por parte de los padres de familia y docentes de las escuelas, de que no les gustaban los alimentos deshidratados”.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
De acreditarse la responsabilidad penal de los involucrados, lo que corresponde según el ordenamiento jurídico es el decomiso de los bienes hasta por un valor que le haga frente al pago total de la lesión patrimonial causada al Estado. La cautelación se mantiene hasta que se resarza la lesión que se hizo, explicó una fuente penal consultada.
El expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Rubén Elías Rodríguez dijo que es legal el proceso a través de la Fiscalía de Cuentas para reparar el daño patrimonial.
Para el actual vicepresidente del CNA, Juan Carlos Araúz, todos los que resulten condenados por este caso deben ser “solidarios” en el resarcimiento al Estado.
CASTIGO IGUALITARIO
Si la responsabilidad patrimonial debe ser igual para todos, en la penal tampoco debe haber diferencia, indicaron sectores consultados.
Araúz apuntó que “quien se benefició será igual de responsable como el que permitió que no se fiscalizaran los fondos del Estado”.
En este sentido, Rodríguez agregó que no ve mayor diferencia entre los autores principales y los cómplices primarios, porque el Código Penal establece que ambos reciben la misma pena.
“Para mí no hay diferencia entre quien tomó la decisión de alguna inteligencia y los cómplices y los que de alguna forma se beneficiaron de eso”, advirtió.
LOS AGACHADOS
Gonzalo Moncada, abogado de Tamburrelli, señaló que los nuevos imputados en el caso –Marta Susana de Varela, Federico Suárez y María Fábrega– abren la posibilidad de que se llame a declarar a todos los que fungieron como directivos del PAN entre 2009 y 2014.
Indicó que se debe ampliar las investigaciones hacia el exministro de la Presidencia Roberto Henríquez, así como al diputado de Cambio Democrático Fernando Carrillo, quien firmó como representante de la Asamblea Nacional. Carrillo ya está señalado en el caso.
Sobre la posible responsabilidad de Carrillo, el exmagistrado del Tribunal Electoral (TE) Guillermo Márquez Amado explicó que una vez mencionado en el sumario, la fiscalía debe remitir el expediente a la Corte para que lo investigue, previo levantamiento del fuero penal por parte del TE.Se llamó a Roberto Henríquez, Fernando Carrillo, Federico Suárez, Lucy Molinar y Marta Susana de Varela, pero hasta la hora de cierre de esta edición no habían respondido.
