Tras una audiencia preliminar que se prolongó más de 12 horas, la fiscal segunda Anticorrupción, Vielka Broce, pidió enjuiciar a los nueve imputados en el proceso por supuestas anomalías en el contrato para la compra de comida deshidratada suscrito en 2010 por el Programa de Ayuda Nacional (PAN) por $44.9 millones.
En la audiencia, llevada a efecto en el Juzgado Decimoquinto Penal, Broce solicitó juicio para el exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli; el exjefe de Nutrición de la entidad Ángel Famiglietti; el empresario Rubén De Ycaza (representante de Lerkshore International Limited); la excontralora Gioconda Torres de Bianchini; el ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, Adolfo Chichi De Obarrio; los exministros Lucy Molinar (Educación) y Federico Suárez (Obras Públicas), y las exviceministras Marta Susana de Varela (Desarrollo Social) y María Fábrega (Presidencia).
De Obarrio, quien está prófugo de la justicia, y la excontralora, que permanece enferma en su casa, fueron los únicos acusados que no asistieron a la audiencia.
En extensos alegatos, los abogados defensores desvincularon a sus clientes del contrato suscrito para la compra de comida deshidratada y pidieron al juez que les dicte un sobreseimiento.
El juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, se acogió al término de 30 días para decidir si llama a juicio a los imputados, o no.
AFECTÓ LA SALUD
El contrato suscrito por el Programa de Ayuda Nacional (PAN) para la compra de comida deshidratada no solo causó una lesión patrimonial calculada en $44.9 millones, sino que también afectó la salud de los estudiantes del interior del país y de la comarca Ngäbe Buglé.
Este fue el argumento que expuso ayer ante el Juzgado Decimoquinto Penal la fiscal segunda Anticorrupción, Vielka Broce, en la audiencia preliminar del proceso por las supuestas irregularidades en la compra de comida deshidratada, contrato que fue adjudicado a la empresa Lerkshore International Limited en 2010.
En su alegato, Broce reiteró su petición de llamamiento a juicio para los nueve acusados y concluyó: “La vida y la salud de nuestra población estudiantil es lo más grave, no es solo la lesión patrimonial, hay que considerar esto en conjunto”.
La fiscal explicó que, pese a que la Contraloría General de la República, el PAN y el Ministerio de Educación (Meduca) tenían conocimiento de que los estudiantes sufrían de problemas estomacales y rechazaban los alimentos deshidratados, en 2011 se canceló la totalidad del contrato a la empresa en dos pagos. El primero fue el 2 de marzo de ese año por $15.5 millones y tres meses después se liquidó el restante por $29.4 millones.
Hubo un primer contrato de $14.5 millones para la comida deshidratada, el cual es aún objeto de investigación en la Fiscalía Primera Anticorrupción.
En la audiencia, Broce manifestó que las funcionarias del Departamento de Nutrición del Meduca Lidia Cedeño y Dalba Caballero confirmaron el rechazo de los alimentos por parte de los estudiantes y advirtieron de que no se le hicieron consultas para ese proyecto.
Agregó que no se realizaron estudios nutricionales antes de aprobarse el contrato. “Los beneficiados fueron las gallinas y los puercos a los que se le terminó dando esa comida”, resaltó.
La fiscal sustentó la lesión patrimonial en el informe de auditoría de la Contraloría y en la declaración jurada de Nelson Alonso, empleado de una cadena de supermercados (Riba Smith), quien dijo que la unidad de comida deshidratada de cuatro a cinco onzas tenía un precio real de entre tres y cinco dólares.
Broce pidió enjuiciar al exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli; al exjefe de Nutrición de la entidad Ángel Famiglietti; al empresario Rubén De Ycaza (dueño de Lerkshore International Limited); a la excontralora Gioconda Torres de Bianchini; a Adolfo Chichi De Obarrio, ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli; a los exministros Lucy Molinar (Educación) y Federico Suárez (Obras Públicas), y las exviceministras Marta Susana de Varela (Desarrollo Social) y María Fábrega (Presidencia).
El extitular del MOP y las exvicemistras están implicados, porque firmaron la autorización para celebrar el contrato el 7 de octubre de 2010, como miembros de la directiva del PAN.
De Bianchini, por estar enferma en su casa, y De Obarrio, quien permanece prófugo, fueron los únicos dos acusados que no asistieron a la audiencia.
El acto se inició pasadas las 9:00 a.m., cuando se le negaron dos recursos legales a Edna Ramos, abogada de Chichi De Obarrio.
Ramos solicitó al juzgado el reemplazo de la orden de detención preventiva a su cliente y un incidente para declinar la competencia de la fiscalía en la investigación.
LOS CARGOS
La fiscal acusa a los imputados de la supuesta comisión de los delitos de peculado, corrupción, fraude, estafa y falsificación de documentos.
ALEGATOS DE LA DEFENSA
Gonzalo Moncada, abogado de Tamburrelli, solicitó en su alegato que se llame a juicio a su defendido, porque en esa etapa procesal demostrará con pruebas la inocencia.
“En el juicio yo voy a firmar el protocolo de necropsia de ese expediente”, aseguró.
Cristian Lara, abogado de De Bianchini, pidió el sobreseimiento definitivo de la exfuncionaria; mientras que Abilio Batista, defensor legal de Molinar, cuestionó a los cinco auditores de la Contraloría, quienes manifestaron que no sabían lo que era un contrato administrativo.
“Cómo pueden hacer una auditoría y no saben lo que es un contrato público”, advirtió. Batista opinó que el contrato de la comida deshidratada era responsabilidad del PAN y no del Meduca. “Es un grave error decir que Lucy Molinar tenía que ejercer como buen padre de familia”, expresó.
Edna Ramos, defensora de Chichi De Obarrio, se quejó de que le pregunten cuándo va a venir su cliente “a un país donde existe terrorismo judicial al servicio del poder de turno”.
Por su parte, Saúl Hernández, abogado de Famiglietti, señaló que su cliente no tenía la responsabilidad de manejar bienes y fondos públicos.
Mientras tanto, Rolando Rodríguez, abogado defensor de Rubén De Ycaza, exoneró a su cliente de la firma del contrato.
