Uno de los efectos de la arremetida de Trump contra Panamá es que nos distrae de los problemas nacionales y del seguimiento de las promesas de nuestras autoridades.
Cuando hay una amenaza que viene desde afuera, dejamos de concentrarnos en lo que está pasando adentro. Corremos todos hacia las pelotas que lanza Trump y la portería local queda vacía dejando libre la cancha para que nos metan uno o varios goles.
Hay algunas jugadas que han pasado desapercibidas, pero que cuando las analizamos juntas, entendemos el verdadero partido: La contención del gasto, la reducción de la planilla del Estado y la austeridad, nunca se concretaron.
Empecemos por la tan cacareada promesa de tener un Estado eficiente y deshacerse de las “botellas” o funcionarios que cobran y no trabajan. Esa intención la han repetido hasta el cansancio, pero la realidad es otra.
Según la Contraloría, la planilla estatal registró un incremento de 4 mil nuevos funcionarios en noviembre. Esto ha llevado al actual gobierno a superar la cifra total de trabajadores estatales que dejó Laurentino Cortizo. La disminución prometida no sólo no ha llegado, sino que tenemos un aumento.
Ni la forma insultante en la que Mulino se refirió el 2 de enero a los funcionarios discapacitados como si fuesen ellos los culpables de la ineficiencia estatal, ni la más elegante que utilizó en el foro económico de CAF sobre el “empleo estatal abultado” niegan un duro hecho: desde el Ejecutivo se sigue alimentando la maquinaria clientelista que tanto se criticó.
El Presidente habla ahora de una ley de carrera administrativa y una ley general de sueldos, pero ya sabemos que del dicho al hecho hay tremendo trecho.
Y es que hay otro compromiso gubernamental que parece haber quedado en nada. ¿Recuerdan aquello de que no se utilizarían fondos públicos para comprar mayorías legislativas?
Pues bien, tras la aprobación de la Ley de Presupuesto General a finales del año pasado se dieron una serie de traspasos de dinero sospechosos desde el Gobierno Central a distritos bajo la influencia de diputados clave.
La información la reveló Rolando Rodríguez en su columna Sábado Picante del 18 de enero pasado, en la que detalló varios créditos extraordinarios y otras formas de “chen chen” que pudieron aceitar la aprobación de un presupuesto, de por sí cuestionado por ser bastante parecido al que nos dejó el exministro Héctor Alexander.
La Asamblea, por su parte, no puede pasar agachada. Recordemos que la Presidenta del Órgano Legislativo Dana Castañeda, hizo un tour mediático para mostrar que iba a “romper las botellas”. Lo único que rompió fue su palabra.
La planilla legislativa creció en 700 funcionarios, mientras que medios de comunicación revelaron un supuesto esquema en el que algunos diputados suplentes siguen cobrando de manera fija, a pesar de un fallo de la Corte que lo prohíbe.
La Corte tampoco se queda por fuera, luego de que los magistrados de la más alta corporación de justicia se aprobaran un aumento salarial de $4,000 dólares mensuales.
El contralor Anel Bolo Flores ordenó la suspensión de incrementos de sueldo, por lo que no queda claro si dará su refrendo a la pretensión, pero la sola intención habla a gritos del poco contacto que tienen quienes administran justicia con la realidad del país.
Como si no fuese suficiente con los gastos en los tres poderes del Estado, también hay consultorías. Resulta que el gobierno destinará $142 millones en consultores y servicios especiales durante el 2025.
Las instituciones que concentran los mayores montos para asesoríasson el MEF, el IFARHU y el IDAAN. Hay poco detalle sobre los objetivos de las mismas, pero una cosa es clara: la situación económica y el ambiente social no están para este festín con los recursos públicos.
Y es que esta semana se cruzó una frontera peligrosa: los cierres del Suntracs en contra de la reforma a la CSS degeneraron en violencia, utilizando incluso la obra del Hospital del Niño para tirar bloques contra policías y transeúntes. Esas terribles imágenes nos dan una idea de la temperatura a la que pueden llegar los asuntos internos.
El debate de la ley 163 necesita de nuestro enfoque para comprender las implicaciones de lo que ocurre tanto dentro como fuera del recinto legislativo. Así mismo, el plan que tenga el gobierno con la mina de Donoso (que aún no ha sido comunicado con la debida claridad) requerirá de nuestra entera fiscalización, ya que cada vez son más evidentes los intereses que impulsan su reapertura.
El precio de desviar nuestra atención desde estos temas nacionales prioritarios hacia las amenazas del inquilino de la Casa Blanca, puede ser muy alto. No cabe duda que Trump lanza muchas bolas, pero no por ello podemos abandonar el torneo local.
La austeridad, la contención del gasto y la transparencia nunca llegaron y, si ignoramos estas jugadas, los ciudadanos seremos nuevamente los grandes perdedores del partido.
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