“Panamá no se va a sentar a hablar sobre la mina con una pistola en la cabeza” prometió el presidente Mulino cuando asumió el cargo. Aseguró que ningún representante del gobierno negociaría con First Quantum mientras la empresa mantuviera los arbitrajes. Pues bien, algo parece estarse hablando mientras la pistola sigue apuntando a la cabeza. Y es que se llegó a un acuerdo entre el gobierno y la empresa para que ésta aplazara -no retirara- un arbitraje para el próximo año. Se dijo una cosa y se hace otra.
Algo similar ocurrió con el ministro Juan Carlos Navarro, quien en enero nos hizo creer que descubrió cerca de 8 mil toneladas de nitrato de amonio, (material que explotó en el puerto de Beirut en agosto del 2020), en los depósitos de la mina. La realidad es que no hubo tal ¨descubrimiento¨, porque las autoridades ya conocían de la presencia del peligroso material desde octubre del 2024, cuando la empresa convocó al MICI y al Senafront.
Es claro que el “paso firme” del gobierno no lo aplica a la empresa minera, que continúa imponiendo el ritmo y la agenda. De aquí se desprende una pregunta: ¿A titulo de qué lo sigue haciendo si su contrato ley “quedó expulsado del sistema normativo del país”, como sentenció la Presidenta de la Corte? Jurídicamente es como una empresa pirata, pero en la práctica opera libremente.
Mientras se ignoran estas circunstancias, el país entra en modo carnavales con las tonadas de la tuna que piden la reapertura de la mina. Escuchamos a la Cámara Minera cuestionando la auditoría ambiental. Se suman los proveedores de la mina, a los que el presidente atenderá con urgencia. Se pronuncia el Sindicato de Industriales. De fondo suenan las marchas a favor de la reapertura que no tendrán ningún “topón” con los antimotines. Imposible dejar por fuera al cantante con la vieja copla de que “ya el hueco está hecho”.
Este coro de voces no toma en cuenta varios hechos incómodos. Nadie niega que el cierre de la mina tuvo un impacto económico y de empleos, pero no nos pueden vender la reapertura como una panacea, ignorando los costos legales, políticos, sociales, y ambientales. Para empezar, si aspiramos a tener un debate amplio, el gobierno debería mostrar (o al menos aparentar) algo de neutralidad. No puede ser que los pescadores de Donoso son acusados de “lancheros narcos” por el Presidente, mientras la empresa y el poder económico detrás de la mina reciben un trato VIP.
En aras de que esto parezca más un debate, y menos una tuna de carvanal, traigo unos datos que nos muestran que no todo lo que brilla es cobre.
La mayoría de panameños sigue rechazando la reapertura de la mina según encuestas. Esto conlleva un costo político que hará que sea difícil para los diputados sumarse a la tuna minera. Tampoco está garantizado que no se den movilizaciones populares.
Con frecuencia se repite que la mina aportaba el 5% del PIB, sin tener en cuenta que el PIB no es equivalente a la actividad económica en una operación en la que las ganancias salían de Panamá. “La mina es un claro ejemplo de que el PIB no se come ni es un indicador de bienestar” explica el economista Ernesto Bazán. Comparemos el aporte del Canal con el de la mina: en el primero el dinero viene de afuera hacia Panamá, mientras que en el segundo, la mayor parte de la plata salía y la contaminación se quedaba.
Decir que “cómo el hueco está abierto, ya el daño está hecho” es equivalente a recomendarle a un enfermo con un tumor en un pulmón, que siga fumando. La contaminación de la minería a cielo abierto es un proceso acumulativo. Todavía no conocemos el impacto integral de la mina sobre la salud pública.
En las dos versiones del contrato atroz, (palabra de Mulino), se mantuvo una llamativa cláusula: los socios con participación menor al 10% estaban exentos de revelar quiénes eran los beneficiarios finales. Si el gobierno está dispuesto a mantener ese privilegio de opacidad, más vale que se despida del discurso que busca sacarnos de las listas que nos señalan como paraíso fiscal.
De ñapa un “hampao”: el presidente ha repetido que no hay chinos en el canal, pero sí que los hay en FQM. La empresa estatal Jiangxi Copper tiene cerca de 20% de las acciones, lo que otorga al gobierno chino un puesto en la Junta Directiva. Aunque hay otros países e intereses metidos en la millonaria colada, no conviene dejar por fuera este dato en medio de los vientos trumpistas que soplan.
El gobierno debe asumir su papel de garante del bien común y no puede hacerlo mientras hace coro con la tuna que pide la reapertura de la mina. Y es que el tema es mucho más complejo que una tonada de carnaval. Definitivamente no todo lo que brilla es cobre.
