La tarde del pasado lunes 29 de julio, Édgar Alexander Aristeguieta, obrero de 42 años, observaba una de las protestas postelectorales que se desarrollaba en Caracas. Estaba en la entrada de la estación del Metro de Capuchinos. Los manifestantes estaban frente a él, en la avenida San Martín, al oeste de Caracas, y se habían congregado para rechazar los resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral que dieron como presunto ganador a Nicolás Maduro. Entre la multitud estaba el estudiante de 19 años, Jeison Gabriel España Guillén.
En medio de la movilización, se escuchó una ráfaga de disparos. A Aristiguieta lo alcanzó un balazo en la nuca y murió en el sitio. Su cadáver fue llevado directamente a la morgue de Bello Monte. A España Guillén lo hirió un proyectil en el pecho y lo trasladaron al Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo, donde murió ese mismo día. En ambos casos se desconoce el victimario.
Con la muerte de Aristiguieta y España Guillén ya son 19 los homicidios registrados en Venezuela en medio de las protestas postelectorales que reclaman la reelección de Maduro en unos comicios calificados como fraudulentos por la oposición venezolana y cuestionados por la opinión internacional.
Todas las muertes han sido por heridas con arma de fuego.
Caracas es la ciudad con la mayor cantidad de muertes en las movilizaciones. La represión se cobró la vida de al menos seis personas en la capital venezolana.
Aragua es el segundo estado con más homicidios en las manifestaciones. El 29 de julio mataron a cinco personas en una movilización en la redoma de San Jacinto de Maracay.
En Zulia y Miranda hubo dos muertes en las protestas postelectorales. Mientras que en Táchira, Bolívar, Yaracuy y Carabobo hubo uno en cada estado.
Tal como ocurre en los homicidios de Aristiguieta y España Guillén, en 47% de los casos, se desconoce quién efectuó los disparos.
A los pistoleros identificados como colectivos (paramilitares o civiles armados que apoyan al chavismo) se les atribuye 31% de los asesinatos, mientras que las fuerzas de seguridad del Estado son señaladas en 24% de las muertes. En un caso, los disparos provinieron de colectivos y policías.
En investigación
La mañana del 30 de julio hallaron el cadáver de Dorian Rair Rondón, de 22 años, en Las Adjuntas. El joven había salido a protestar el día anterior en ese sector y, de allí, se fue a su casa, en la carretera hacia Los Teques. Se presume que fue interceptado mientras andaba en su moto y asesinado. Lo despojaron de su vehículo. Su caso no se ha sumado a los homicidios de la violencia postelectoral porque aún se investiga si su muerte estuvo vinculada con las manifestaciones.
A las estadísticas de homicidio que lleva Monitor de Víctimas se suma una pareja de motorizados que murió en una colisión en el contexto de las protestas.
