El presidente venezolano Nicolás Maduro se jugará este domingo una carta decisiva para seguir gobernando: la integración de una asamblea constituyente que considera un "suprapoder" y que sus adversarios ven como la consumación de una "dictadura".
Aquí el ABC del proceso que reformará la Constitución promulgada por el fallecido Hugo Chávez en 1999.
Quinientos cuarenta y cinco asambleístas que sesionarán a partir del 2 de agosto en la sede del Parlamento, de amplia mayoría opositora, durante un período indefinido. Se ignora dónde funcionará en adelante el poder legislativo.
Trescientos sesenta y cuatro por votación territorial (cada municipio tendrá un representante y las capitales de estado dos, independientemente de su población), 173 por sectores sociales y 8 por comunidades indígenas.
La elección sectorial se distribuye así: trabajadores (79), pensionados (28), estudiantes (24), consejos comunales (24), campesinos y pescadores (8), empresarios (5) y discapacitados (5).
Según el experto electoral Eugenio Martínez, 62% de los 19.8 millones de votantes podrá emitir dos sufragios (uno en los comicios territoriales y otro en los sectoriales). De unos 50 mil postulantes se validaron 6 mil 120.
Las bases comiciales fijadas por Maduro –y aprobadas por el poder electoral– prohibieron candidaturas partidistas, por lo que fue necesario acreditar firmas.
Entre los candidatos figuran poderosos dirigentes del chavismo como el diputado Diosdado Cabello, la excanciller Delcy Rodríguez, la primera dama Cilia Flores, y el exgobernador Adán Chávez, hermano de Hugo Chávez.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asegura que Maduro estaba obligado legalmente a someter a referendo su convocatoria a la constituyente, en el cual afirman que no hubiera logrado los votos necesarios para ello.
Según la encuestadora Datanálisis, 7 de cada 10 venezolanos rechazan la constituyente y la gestión del mandatario.
La MUD le reprocha a Maduro que en 1999 Hugo Chávez, su mentor, consultó a los venezolanos sobre el llamado a la constituyente que redactó la actual Carta Magna.
Además, considera fraudulento el método de votación, pues señala que al no haber una representación proporcional según la población de los municipios, el chavismo buscaría sacar ventaja en zonas rurales apartadas donde aún es fuerte, en contraste con los centros urbanos.
La MUD cree que el mandatario intenta evadir elecciones (las presidenciales deben celebrarse en diciembre de 2018), pues dada su impopularidad no podría ganar comicios universales.
También pretendería disolver instituciones que le incomodan, como el Legislativo y la fiscalía –cuya titular Luisa Ortega desertó del oficialismo–, y según la alianza opositora ir hacia una autocracia.
Junto con Ortega, otros chavistas disidentes se oponen a la iniciativa alegando que socavará la Constitución impulsada por Chávez, solo para que Maduro conserve el poder.