Omar Estacio, abogado de Antonio Ledezma, confirmó este miércoles 2 de agosto que le impidieron la visita al alcalde metropolitano de Caracas, quien la madrugada del pasado martes fue sacado de su apartamento, donde cumplía prisión domiciliaria, por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Estacio confirmó a través de su cuenta de Twitter que le informaron que estarán suspendidas las visitas toda la semana.
Así, el alcalde mayor lleva más de 24 horas incomunicado y sin que sus abogados o su familia hayan sido notificados formalmente del lugar donde fue recluido. Oriette Schadendorf Capriles, hija del alcalde mayor, informó al diario El Nacional que no saben “absolutamente nada de él”.
En tanto, el equipo de prensa confirmó a este medio que Estacio acudió hoy a la cárcel de Ramo Verde –donde estaría Ledezma- y que se le negó el acceso.
Según una comunicación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), publicada en sus redes sociales ayer, a Ledezma le revirtió la medida el tribunal sexto de control del Área Metropolitana de Caracas, “una vez verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas para que se mantuviera bajo arresto domiciliario”. Además, porque información de inteligencia del Estado les habría informado de un plan de fuga.
“Es lamentable que la libertad de un ciudadano se maneje de manera tan irresponsable. Porque de la simple lectura de las actas de este expediente se evidencia que a él le dieron esta medida por razones médicas y en la providencia que se le otorgó esta medida bajo ninguna circunstancia se la condiciona a que él guarde silencio o que no hable de esta u otra materia. Esta es una gran irresponsabilidad de la autoridad que difundió esta información”, manifestó Estacio en conversación con este medio.
Ledezma fue detenido en su despacho alcaldicio el 19 de febrero de 2015, en medio de una violenta operación policial, acusado de una supuesta conspiración contra el gobierno. Su defensa sostiene que el proceso que se le creó está fundamentado en documentos falsos, lo que denota el carácter político y de mera persecución por razones ideológicas. Ledezma estuvo en arresto domiciliario desde el 1° de mayo de 2015 -cuando fue dado de alta tras una cirugía por una “hernia inguinal reproducida”- y hasta el pasado 1° de agosto de 2017.
En cuanto al supuesto plan de fuga, el abogado detalló que a lo largo de los primeros dos años de su detención domiciliaria, en muchas oportunidades el gobierno retiró la custodia en los alrededores de la residencia, con el evidente propósito de que Ledezma se escapara. “Cuando yo le informaba de esas circunstancias él me decía que no le había pasado ni por la mente hacer algo como eso. Así que si la intención era que se escapara, en vez de declarar eso, como lo he hecho en diversas oportunidades, nos hubiésemos aprovechado de esa circunstancia”, indicó.
Estacio aprovechó para denunciar un elemento más del “espurio” proceso que se ha manejado contra el alcalde mayor. Indicó que hace dos años y medio acudió al Tribunal Supremo a solicitar la nulidad del juicio, ya que dada la calidad de alto funcionario de Ledezma este tenía el derecho a lo que se denomina en el procedimiento penal venezolano un antejuicio de mérito ante esa alta corte. A la fecha, remarcó, no les han contestado el recurso.
Caso contrario, alegó, al del general [Antonio José] Benavides, quien el pasado 29 de junio fue citado por el Ministerio Público, en calidad de imputado por la presunta comisión de graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, cometidas durante las manifestaciones opositoras. “Un general afecto al régimen fue imputado por la fiscal general de la República [y] el TSJ en cuestión de horas dictaminó que por ser alto funcionario no podía ser imputado por un tribunal ordinario, sino ante el TSJ”, indicó. “Entonces estamos viendo lo que se llama la ley del embudo, muy estrecha para los adversarios del régimen, y muy laxa para quienes son afectos a este”, añadió.
También hizo notar que Benavides está por debajo en el organigrama de funcionamiento de la ciudad de Caracas, donde Ledezma es la más alta autoridad. “Este funcionario forma parte de la jefatura del gobierno de la ciudad pero está por debajo de Ledezma. Entonces este sí tiene derecho al antejuicio de mérito en cuatro horas y Ledezma no tiene derecho a este mismo antejuicio en dos años y medio de peticiones continuas que ha venido haciendo la defensa, y así hay una cantidad de irregularidades que se suman a este ominoso expediente de arbitrariedades por un juicio que es eminentemente político”, aseguró.
El abogado aprovechó para informar que el ataque hacia el alcalde ha incluido a su defensa, que originalmente estuvo integrada, entre otros, por los doctores en derecho Fernando Núñez, Antonio Sierraalta y él. “El doctor Sierraalta tuvo que pedir asilo en Estados Unidos por el hostigamiento constante que le efectuaban personajes afectos al gobierno y el doctor Núñez está también en una situación de asilo diplomático porque el TSJ le dictó una medida privativa de libertad por el delito, entre comillas, de haber postulado su nombre para ser magistrado del TSJ”.
