La intervención del Vaticano a la congregación laica peruana Sodalicio de Vida Cristiana y las denuncias de abuso sexual por religiosos en Chile preceden a la llegada del papa Francisco a estos países, donde encontrará a una Iglesia mancillada por su permisividad con los sacerdotes pederastas.
La designación de un comisario apostólico en el Sodalicio busca acallar las recriminaciones de impunidad que las víctimas hacen al Vaticano, al que cuestionan que siga protegiendo al fundador de esa congregación, el laico Luis Fernando Figari.
"La medida puede reflejar un doble discurso del Vaticano", debido a que no expulsa a Figari, dice a la AFP el periodista de investigación peruano Pedro Salinas, coautor del libro Mitad monjes, mitad soldados, que destapó el escándalo del Sodalicio en 2015.
En Chile, el ambiente tampoco será un lecho de rosas ni de oraciones para el pontífice argentino.
Una oenegé destacó esta semana que 80 religiosos están envueltos en casos de abusos sexuales en ese país, de mayoría católica como Perú.
El papa Francisco visitará Chile del 15 al 18 de enero, para después seguir a Perú, donde permanecerá hasta el 21 de enero.
En ninguno de esos países el jefe de la Iglesia católica tiene previsto recibir a las víctimas de abusos, una conducta que marcó sus visitas a México cuando se negó a reunirse con las víctimas de la congregación Los Legionarios de Cristo, del sacerdote mexicano Marcial Maciel (fallecido en 2008).
"¿Para qué pedir una audiencia con el papa? Las víctimas de Marcial Maciel se lo pidieron y la negó. También las víctimas de (el sacerdote chileno Fernando) Karadima. Sabemos de antemano que se negará", dice Salinas.
Los activistas prevén la publicación simultánea el viernes, en Santiago y en Lima, de una carta abierta suscrita por víctimas, abogados y laicos, con el fin de recordar al papa que tiene una deuda pendiente con las víctimas de los abusadores antes que seguir mirando hacia el cielo cruzado de brazos.
El Vaticano endureció su posición a partir de la elección de Francisco, en marzo de 2013, cuando este anunció una política de tolerancia cero, instando a hacer públicos los casos.
Un cambio respecto a su antecesor, Benedicto XVI (2005-2013), bajo cuyo pontificado la Iglesia empezó a dejar atrás la política de encubrimiento e impunidad que caracterizó a Juan Pablo II (1978-2005).
El escándalo parece mayor en Chile, por la amplitud de denuncias y por la variedad de religiosos que abarca: sacerdotes, diáconos y hasta una monja en una lista de casi 80 religiosos acusados de abusar sexualmente de menores desde el año 2000, según una base de datos de la oenegé estadounidense Bishop Accountability.
"Lo publicamos antes de la visita de Francisco con la esperanza de que uno de sus acompañantes se lo haga notar y le haga tomar conciencia de que los obispos y líderes religiosos de Chile socavan su promesa de cero tolerancia hacia los abusadores", dice Ann Barrett-Doyle, codirectora de la oenegé que desde 2003 se dedica a publicar los archivos de abusadores dentro de la Iglesia.
