Yo estuve secuestrado por las FARC durante siete años y siete meses. Me tuvieron en las selvas de Colombia. Me secuestraron en el Meta [centro de Colombia]. Pasé al Caquetá [suroriente] a través del Guaviare [oriente], llegamos a Guainía [oriente]. Fue una travesía de 2 mil 760 noches, de nunca acabar. Pero cuando hoy reflexiono sobre eso ello, en lugar de pensar con rabia sobre lo que me pasó allá, estoy agradecido con Dios de que me permita estar acá.
El relato es de Alan Jara, quien acababa de terminar su periodo como gobernador del departamento del Meta, cuando el 15 de julio de 2001 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lo secuestraron.
El hecho se dio en una población de nombre Lejanías. Fue una escena de película. Él iba en un carro de Naciones Unidas, las FARC ordenó detener el vehículo, lo sacaron y se lo llevaron. La guerrilla dijo que se lo llevaba para hacerle un juicio político por no apoyar su causa. Tenía 44 años entonces. Durante 5 años no hubo rastro de él. Su familia y sus amigos no sabían si estaba vivo o muerto. Un lustro en el que la guerrilla cayó sobre la suerte de este ingeniero, político por esencia, y buen conversador, que en 2014 recibió el Premio Nacional de Paz en Colombia.
Con el tiempo se supo que tenía problemas de salud, y que daba clases de inglés y de ruso a los guerrilleros. Fue liberado el 3 de febrero de 2009.
Hoy Alan Jara, además de víctima, tiene un papel relevante en el proceso de la búsqueda de la paz en Colombia. Es el director de la Unidad de Víctimas, en otras palabras, es el hombre encargado de llevar el proceso de reparación a las 8 millones de víctimas del conflicto, cifra que él mismo dio.
Cuando se le aborda sobre lo que significa para él la firma del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, piensa unos segundos, y con un dejo de melancolía en la voz dice: “Es ver cómo se hace realidad un sueño colectivo, la paz. Por eso yo digo que además de ser un día histórico [lunes 26 de septiembre] es un día mágico, en el que los colombianos somos testigos de algo que durante mucho tiempo lo anhelamos, pero que pensábamos que no iba a ser posible”.
¿Y qué es la paz para un hombre como usted, exsecuestrado y ahora responsable de lo que pase con las víctimas?
“No solo es la ausencia del conflicto. Es generar oportunidades para las personas. Que las niñas y los niños de nuestro país tengan sueños, y que esos sueños sean posibles. Que se puedan construir, que haya oportunidad para las regiones que por el misma guerra no la han podido tener. Y esto recoge mucho más allá de lo que se firma en el acuerdo con las FARC. Recoge un sentimiento de estas regiones que han sufrido y que desde luego necesitan ahora todo el acompañamiento del Estado para poder superar el dolor”.
Su historia con la paz es profunda. No en vano el jurado que le dio el premio en 2014 destacó su comprometido trabajo con la construcción de paz, y su participación “en espacios de acuerdo y diálogo para la liberación de policías y militares en poder de la guerrilla”, según destacó el periódico El Tiempo, en los días en que lo galardonaron.
LA REPARACIÓN
Uno de los aspectos medulares del acuerdo es precisamente el que repara a las víctimas: sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. El Gobierno se compromete a decirle a familiares de desaparecidos qué pasó con sus seres queridos, no solo a través de procesos judiciales, sino a través de una comisión de la verdad, y de una entidad que se encargará de buscar a los desaparecidos. Se les indemnizará económicamente y se les garantizará que no se repetirán los crímenes.
También se establece que los responsables de los crímenes más graves serán sancionados. Si dicen toda la verdad, compensan a sus víctimas y se comprometen a no delinquir, los responsables recibirán una sentencia que va de cinco a ocho años de cárcel. Además, deberán hacer trabajos sociales.
Jara piensa que esta parte es el corazón del acuerdo. “La verdad, que las víctimas conozcamos la verdad de lo que ha pasado. Todo este debate sobre el sistema de justicia transicional, de la jurisdicción especial para la paz. Todo ello tiene que ver necesariamente con la necesidad de las víctimas de conocer la verdad. Y a partir de la verdad es que se edifica ese sistema integral, de justicia, reparación y no repetición”, explica.
Dice que “es intentar reparar lo irreparable”. Sin embargo, es consciente de que es a partir de esa decisión de reconocer el conflicto, de crear una ley marco para ello, de crear una institucionalidad, que la víctima siente que no está abandonada. “Que no está sola, que tiene un acompañamiento formal de unos derechos, y que esos derechos los puede y los debe exigir”.
Verdad, seis letras, solo seis letras. A eso aspiran una buena parte de los damnificados de la guerra. Lo pide, por ejemplo, Marta Inés Pérez, de Yarumal, un municipio en el departamento de Antioquia. Esta mujer lleva 6 años buscando a su hija de 15 años que un día desapareció, o “la desaparecieron”, como ella afirma. Le atribuye el hecho a los paramilitares, actores importantes del conflicto colombiano. “Queremos la verdad, hablo en nombre de las madres víctimas de este país. Ya nos hicieron el daño, pero por favor, que nos entreguen los restos”, solicita. Y manda este mensaje: “Si alguna sabe de mi hija [Ingrid Meneses Pérez], que me llame a mi celular, es el 320-7050017.
A historias como estas debe enfrentarse todos los días “Alanjara”, así de corrido, como lo llaman en su tierra.
¿Cuántas víctimas son?
“Nuestro registro es de 8 millones de víctimas. Se han indemnizado ya más de 620 mil, pero se han atendido más de 3.5 millones en ayudas humanitarias. Colombia ha sido el único país en el mundo que inició la reparación antes de terminar el conflicto. Eso es muy complejo hacerlo, pero bueno, ahora se le pone fin y tenemos que fortalecer todos los mecanismos de reparación”, añade.
¿Y cómo se determina quién es víctima?
La persona presenta una declaración ante el Ministerio Público, Procuraduría, Personería o Defensoría, y esa declaración es analizada por la entidad [Unidad de Víctimas] y parte desde luego del principio de la buena fe. Nadie quiere ser víctima, nadie escoge ser víctima. Las víctimas no somos el problema, el problema es el conflicto que causó esa victimización de tantas personas y, a partir de allí, se activa una ruta que tiene unos protocolos, unos procedimientos y que están basados también en la participación efectiva de las víctimas. Entonces, hay mesas municipales, mesas departamentales, una gran mesa nacional de participación, que es el conducto regular a través del cual el Estado en sus niveles de alcaldía, gobernación y nación se entiende con las víctimas.
Jara está estrenando el puesto. El presidente Santos lo puso en ese cargo en junio pasado, paradójicamente un mes antes de que se cumplieran 15 años de su secuestro. Él dice que su perdón por lo que pasó está ligado a las ganas de olvidar, de enterrar, de borrar ese momento.
De otra manera, asegura, viviría secuestrado.
