El anteproyecto de ley que regula el ejercicio del periodismo presentado en julio pasado por el diputado oficialista Juan Moya “pondría una terrible mordaza” a la libertad de expresión en Panamá.
Así lo advirtió la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), actualmente reunida en asamblea en la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.
“La prensa panameña [está] batallando contra un espantoso proyecto de ley promovido por un diputado del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, que pondría una terrible mordaza a la libre expresión y casi que retrotraería al país a oscuras épocas de censura”, señala el informe, que el domingo fue presentado por el presidente de la Comisión, Claudio Paolillo.
En agosto, el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, comunicó a Varela su preocupación por las "graves restricciones" a las libertades de prensa y de expresión que imponía el anteproyecto que presentó Moya y que sigue en la Asamblea.
Entre otras cosas, el anteproyecto sanciona con prisión de 2 a 5 años el ejercicio "ilegal" de la profesión de periodista. También impone la colegiatura obligatoria y restringe el ejercicio del periodismo a los extranjeros.
Paolillo, en su informe, se refirió a la situación en el resto de los países de la región, donde “la libertad ha sido racionada o ha habido peligrosos intentos para hacerlo y la mentira o la ocultación de información de interés para la sociedad, que es otra forma de engañar a la gente, son moneda corriente”.
En toda la región, han sido asesinados 16 periodistas en lo que va del año. Casi todos estos crímenes permanecen en la impunidad.
En Argentina, en un año electoral que culminará a fines de este mes, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “ha batido récords” en gasto de propaganda oficial y, a pesar de dos claras sentencias de la Corte Suprema de Justicia, continúa utilizando la publicidad que paga el Estado para castigar a medios críticos e independientes, y para premiar a los medios que considera “amigos”. La presidenta, además, “ha abusado” de las cadenas nacionales de televisión con el “explícito y evidente” propósito de hacer propaganda partidaria.
Lo mismo ocurre en Bolivia, donde el gobierno del presidente Evo Morales utiliza la publicidad oficial para presionar a medios independientes o críticos, algunos de los cuales han prescindido de periodistas influyentes, y donde ha aumentado considerablemente el gasto de propaganda sobre actividades oficiales.
En Nicaragua queda sólo un canal de televisión, una radio y un diario no oficialistas. “Todos los demás medios están en manos del duopolio compuesto por la familia presidencial y un empresario mexicano, amigo del poder”, señala el informe.
En Cuba todavía se espera algún resultado positivo de la reanudación de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. “Hay mucha foto del presidente [Barack] Obama y del dictador Raúl Castro estrechando sus manos, hay mucha foto del Papa conversando con el dictador Fidel Castro, pero el gigantesco aparato de seguridad que sojuzga a la ciudadanía en la isla se encarga de encarcelar a todo aquél que disienta del régimen”, indica el informe que leyó Paolillo.
“No podemos dejar de denunciar que el restablecimiento de las relaciones diplomática con Washington y la visita oficial del Papa no sirvieron para nada en términos de conseguir la excarcelación de periodistas, parar la censura contra sitios digitales críticos, frenar la revisión continua por parte del régimen de los correos electrónicos de los disidentes y de sus teléfonos celulares, y poner coto a las agresiones físicas y verbales contra activistas por la libertad y contra periodistas independientes”, dijo Paolillo.
“En suma: muchas fotos, muchas visitas, mucha cortesía, mucha especulación… y nulos resultados a favor de la libertad”, agregó.
En Ecuador, el gobierno del presidente Rafael Correa no cesa de aplicar una dura represión contra los periodistas y la prensa que quieren hacer uso de su libertad.
“Los organismos de control y aplicación de la ley mordaza, vigente desde hace dos años, ejercen todos los días y a cada minuto una presión tan intolerable que ha llevado a periódicos y organizaciones no gubernamentales a declararse en ‘resistencia’, acogiéndose a un artículo de la Constitución correísta sobre el cual, ahora, el mandamás está arrepentido de haberlo hecho aprobar”, señala el documento.
Correa, hasta ayer, había ordenado 444 cadenas obligatorias para todos los medios. “A todos les llama prensa corrupta y, desde las alturas del poder, incita a la población a atacar a esos medios y periodistas, en un comportamiento de evidente raigambre fascista”, indicó. Este 2015, aunque todavía tiene casi tres meses por delante, “ya se convirtió en el año más violento para el ejercicio del periodismo y la protesta en Ecuador”.
En los nueve primeros meses de 2015, la organización Fundamedios contabilizó 279 agresiones contra la libertad de expresión, 24 más que las registradas en todo el 2014. Desde el año 2008, Fundamedios detectó mil 310 agresiones contra este derecho humano. “Quiere decir que pasan los años y la furia de Correa y sus colaboradores contra la prensa libre no sólo no decrece, sino que aumenta”, consignó la Comisión en su informe.
Sobre Venezuela –“por desgracia, un clásico en los informes de la SIP desde hace ya más de una década”- en el último semestre el régimen de Nicolás Maduro provocó casi 300 violaciones al derecho a la libertad de expresión, entre agresiones a periodistas, criminalización de la actividad periodística y limitaciones del acceso a la información.
En Chile, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha resuelto impedir la circulación de periódicos si no presentan un detallado y minucioso plan para encargarse de lo que hacen los lectores con los periódicos después de que los leen. “Esto es: si alguien tira el diario que compró en un parque, el gobierno quiere endilgarle al diario la responsabilidad por degradar el medio ambiente”.
Estados Unidos tampoco escapa a este panorama. El Departamento de Justicia reveló en un informe reciente que en el 2014 expidió dos citaciones, una orden de registro y autorizó en dos ocasiones interrogatorios a medios de comunicación y periodistas. Además, dos periodistas que cubrieron los disturbios del año pasado en la ciudad de Ferguson fueron acusados por presunta “interferencia y violación a la propiedad”.
Hay algunas buenas noticias a favor de la libertad de expresión, como el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al gobierno de Venezuela a restituir la frecuencia y los equipos de RCTV a sus legítimas autoridades, luego de que Hugo Chávez se los quitara ilegalmente durante el año 2007. La Corte ha dicho que el régimen venezolano violó la libertad de expresión y las mínimas garantías del debido proceso al confiscar a RCTV. El fallo ha sido ignorado por Maduro.
En mayo, una misión de la SIP acudió a Costa Rica, donde el gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley parecido a la “ley mordaza” de Ecuador. Después de que la SIP alertara sobre la amenaza que se cernía sobre la libertad de expresión en ese país, el presidente Luis Guillermo Solís destituyó a los ministros responsables “de ese engendro” y de inmediato decidió suscribir la Declaración de Chapultepec.
En septiembre, la SIP estuvo en Ecuador, organizando junto con Fundamedios, el “Foro de Quito por la Libertad de Expresión”. Pocos días después, el gobierno ecuatoriano dejó sin efecto, por el momento, su decisión inicial de clausurar definitivamente a Fundamedios.
