El Gobierno argentino acusó este jueves, 5 de febrero de 2015, al Poder Judicial de ayudar al grupo mediático Clarín, enfrentado por el Ejecutivo, para que "no cumpla" con la legislación, tras una medida cautelar que suspende el proceso de adecuación obligatoria de la empresa a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, criticó la "anuencia" de los jueces, "dispuestos a generar las condiciones para que el Grupo Clarín no cumpla con la ley", durante su rueda de prensa diaria.
Para el funcionario, la medida cautelar dictada ayer por el magistrado Pablo Cayssials, que suspende la resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) para obligar al grupo Clarín a disgregarse y cumplir con las normas de desconcentración mediática, se enmarca dentro de "una estrategia de impedimento sistemático del cumplimiento de la ley".
"Desde sus tribunas ellos alientan el debate sobre la calidad institucional cuando, en verdad, la calidad institucional implica también el cumplimiento estricto de la ley y generar las condiciones para que no existan monopolios mediáticos que presionen a Gobiernos para impedir el ejercicio pleno y libre de la voluntad popular", sostuvo Capitanich.
LA PETICIÓN QUE MOTIVÓ LA SUSPENSIÓN
Cayssials hizo lugar ayer a una petición de conocidos periodistas y columnistas argentinos para paralizar el inicio del proceso de transferencia de las licencias del grupo que exceden lo estipulado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para evitar prácticas monopólicas.
Entre los demandantes figuran los periodistas Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Jorge Lanata, Marcelo Longobardi y Joaquín Morales Solá.
De acuerdo con una nota publicada por el Grupo Clarín hoy, "en su presentación, los periodistas mencionados sostuvieron en la acción de amparo que esta resolución [1121/14] de la AFSCA es el corolario de una campaña de persecución y hostigamiento de la que vienen siendo objeto en los últimos años, destinada a silenciarlos, por lo que constituye un acto de censura indirecta, en los términos del art. 13, puntos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
Asimismo, señala la organización que "el planteo había sido rechazado por la defensa de la AFSCA, argumentando, entre otras cosas, la falta de “legitimidad” de los periodistas para sostener su reclamo. Sin embargo, el juez Cayssials sostuvo en su fallo: “Entiendo, sin que ello implique adelantar una solución respecto del fondo de la cuestión debatida, en donde la aquí demandada podrá interponer las defensas que estime pertinentes, que la presunta falta de legitimación activa no se encuentra configurada, en tanto los aquí demandantes, al reclamar por derechos propios que entienden conculcados, se adecuan a la regla general en materia de legitimación”.
Capitanich opinó que "se restringe de una manera extraordinariamente grosera la calidad institucional y se pretende manipular a través de un mensaje unidireccional a la opinión pública, a través de la presión mediática y corporativa", y consideró el hecho de que se tome esa decisión como "dramático para el pueblo argentino".
La norma, aprobada en 2009 para sustituir a otra sancionada durante la última dictadura militar (1976-1983), fue declarada constitucional por la Corte Suprema argentina en 2013 tras una batalla legal de cuatro años entre el grupo Clarín (el más afectado por la normativa) y el Ejecutivo de Cristina Fernández viuda de Kirchner.
En octubre de 2014, la Afsca impuso el proceso de adecuación "de oficio" a Clarín, el mayor grupo multimedia del país, tras considerar que el plan de división voluntaria en seis partes presentado por el grupo en noviembre de 2013 incluía "ventas ficticias" y "vínculos societarios entre las nuevas empresas".
La adecuación voluntaria permite a la empresa elegir la transferencia de las licencias que exceden la ley, mientras que la adecuación de oficio implica que es el Estado el que, por concurso, realiza proceso de venta.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35% del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35% de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.
El enfrentamiento entre el Gobierno y Clarín se ha agravado en los últimos días a partir de la cobertura periodista por el fallecimiento del fiscal Alberto Nisman, hallado muerto el pasado 18 de enero por causas aún no esclarecidas tras haber denunciado a Fernández y a varios de sus colaboradores por presunto encubrimiento de sospechosos iraníes del atentado contra una institución judía en 1994.
