La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición, resolvió el martes iniciar un juicio político al presidente Nicolás Maduro por el supuesto rompimiento del orden democrático y violación de los derechos humanos.
Los analistas coinciden que esta medida, entre muchas otras que adelanta el legislativo, es esencialmente simbólica, ya que consideran que es muy poco lo que puede hacer la Asamblea Nacional dentro del marco de la constitución, que prácticamente estaría a punto de ser letra muerta porque no habría otro organismo del Estado que la haga valer.
"Esta cámara puede determinar la responsabilidad política del presidente de la república", dijo el diputado Henry Ramos Allup, presidente del congreso unicameral.
La iniciativa busca someter al mandatario a un juicio político y a la larga solicitar a la Contraloría General y la Fiscalía General "que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectivas esas responsabilidades" que tendrían sanciones "penales y administrativas", acotó el legislador.
Los legisladores opositores también acordaron citar a Maduro el martes 1 de noviembre "para que responda por las graves violaciones a la constitución y los derechos humanos".
Antes miles de seguidores en un acto de bienvenida tras su gira por países de Medio Oriente, Maduro exclamó que "no vamos a permitir golpe parlamentario de ningún tipo, que lo sepa la derecha aquí y la derecha allá" en el extranjero.
El mandatario acusó una vez más a Estados Unidos de planear el derrocamiento de los gobiernos de izquierda en América Latina. "Esto que estamos viendo ahora... yo solamente lo califico de una forma: esto es el coletazo de (Barack) Obama, porque Obama se va y antes de irse quiere hacerle daño a Venezuela", aseveró.
Cualquier esfuerzo para enjuiciar a Maduro se espera que agrave aún más la crisis institucional que atraviesa el país sudamericano. Pero lo más probable es que el proceso no prospere, porque según la ley debe ser avalado por la Contraloría General y la Fiscalía General y refrendado por el Tribunal Supremo de Justicia, todos señalados de estar controlados por el oficialismo.
"La lectura que hay que darle a las medidas que está considerando la Asamblea Nacional" de abrir varias líneas de investigación "sobre gravísimas irregularidades que tiene el gobierno" es que sencillamente son "un abanico de opciones para presionar al presidente de la república a sentarse en una mesa a dialogar", dijo Oscar Vallés, analista político y profesor de la Universidad Metropolitana en Caracas, en una entrevista telefónica.
La oposición espera que Maduro se siente a dialogar "no para acordar cómo quedarse en el poder, sino dialogar de cuál es la mejor manera, más honrosa y menos gravosa para ellos y sus seguidores de abandonar el poder", indicó el analista.
La oposición le estaría diciendo a Maduro y sus aliados que si entrega el poder bajo ciertas condiciones y términos se podría no proceder al juicio político y en buena medida también mantener ciertas circunstancias de amnistía, garantizar la integridad de algunas personas, agregó. Ello sería una salida negociada del poder, señaló, lo cual ha ocurrido ya en otras épocas de la historia.
La iniciativa fue aprobada en medio de reclamos airados de la bancada oficialista, que por primera vez en 17 años es minoría en el Congreso.Ramos Allup destacó que la violación de la constitución se manifiesta en el uso del Poder Judicial para "sostenerse en el poder" mediante "sentencias fraudulentas del Tribunal Supremo de Justicia".
El máximo tribunal ha respaldado por decreto los poderes especiales para legislar de Maduro, ha limitado las funciones de control del Legislativo y ha declarado nula la mayoría de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional.
La tensión política en Venezuela se intensificó luego de que el 20 de octubre las autoridades judiciales y electorales decidieron suspender una campaña de recolección de cerca de cuatro millones de firmas para someter a una consulta popular la salida de Maduro, cuya popularidad ha ido en descenso.
Los adversarios del gobierno consideraron la decisión un golpe de Estado con participación gubernamental.
En medio de una severa escasez de medicinas y alimentos y con la inflación más alta del mundo, 80% de los electores desean que Maduro abandone el poder, según diversas encuestas.Los dirigentes de la oposición anunciaron además que intensificarán la presión sobre el gobierno con movilizaciones callejeras que comenzarán el miércoles con una protesta nacional llamada "la toma de Venezuela".
En paralelo la Asamblea investigará la "situación constitucional" de Maduro luego de que varios legisladores aseguraron tener pruebas de que el mandatario tiene la doble ciudadanía colombo-venezolana y por tanto está inhabilitado constitucionalmente para ejercer el máximo cargo del país.
"Si Maduro tiene la doble nacionalidad no tiene el derecho constitucional de gobernar a Venezuela", dijo el diputado opositor Juan Miguel Matheus en la sesión de la Asamblea Nacional.Desde que asumió en 2013 han circulado versiones no comprobadas y falsos documentos sobre el supuesto nacimiento de Maduro en la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia.
Las autoridades venezolanas consideraron que esas acusaciones son infundadas.La constitución establece que el presidente debe ser venezolano de nacimiento y no tener otras nacionalidades.
