Un policía resultó herido este domingo 6 de agosto en un ataque a la misión de la ONU en Colombia que supervisaba la extracción de armas de un escondite de las FARC, en proceso de reincorporación, informaron autoridades policiales, que atribuyeron el hecho a disidencias de esa antigua guerrilla o al ELN.
La comitiva del organismo internacional, encargada de supervisar el desarme y la reinserción de los rebeldes tras el acuerdo de paz, fue atacada en el municipio de Caloto, departamento de Cauca (suroeste), informó una fuente policial a la AFP.
Los integrantes de la misión estaban supervisando la extracción de armas y municiones de un depósito de los rebeldes cuando fueron atacados desde una loma por presuntos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), agregó.
No obstante, el comandante de la Policía de Cauca, coronel Édgar Rodríguez, dijo en medios radiales que el hecho era responsabilidad de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), único grupo rebelde activo del país y con el que el Gobierno negocia el fin de medio siglo de conflicto armado.
“Como resultado del ataque resultó herido un policía de 31 años, que fue trasladado a la ciudad de Cali y su estado es reservado”, añadió la fuente, que precisó que los disparos empezaron cerca de las 8:00 a.m., hora local (13:00 GMT).
Tras la dejación de los fusiles por parte de las FARC a finales de junio, la misión de Naciones Unidas en Colombia supervisa la extracción y destrucción de armamento guerrillero en más de 770 escondites de todo el país.
El proceso de sustracción del armamento de las llamadas “caletas”, que debe finalizar el 1 de septiembre, cuenta con apoyo de la fuerza pública colombiana y en él también participan excombatientes de las FARC, que fuera la principal y más antigua guerrilla de América.
El gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, en tránsito a convertirse en un movimiento político legal, firmaron en noviembre pasado un acuerdo de paz, tras cuatro años de negociaciones en Cuba.
Según el Gobierno, unos 300 rebeldes no se acogieron al pacto y se declararon en disidencia. Tanto el Ejecutivo como las FARC consideran que estos se mantienen en armas por intereses económicos relacionados con el narcotráfico.
Los disidentes no podrán gozar de los beneficios del acuerdo de paz y son combatidos como delincuentes comunes, según el Gobierno.
