El Congreso ecuatoriano aprobó el viernes que el vicepresidente Jorge Glas sea investigado penalmente por corrupción en torno a un caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
Glas es el mayor funcionario público de Ecuador que hasta ahora ha sido ligado a los escándalos de la compañía, que ha reconocido haber sobornado a diversas autoridades en varios países latinoamericanos para beneficiarse con contratos públicos.
Con el voto unánime de los 128 legisladores presentes, del total de 137 que integran ese organismo, la Asamblea dio autorización para que la Fiscalía investigue a Glas y le finque cargos en caso de encontrarle alguna responsabilidad.
El partido oficialista Alianza País apoyó que se indague al vicepresidente, pero la oposición protestó a gritos la falta de debate de este tema en el pleno legislativo.
La fiscalía ha dicho que tiene una decena de elementos para presumir que Glas incurrió en el delito de asociación ilícita.
Odebrecht reconoció hace un tiempo que entregó 33.5 millones de dólares en coimas a funcionarios públicos a cambio de obras.
El vicepresidente, que ocupó el mismo cargo entre 2013 y 2017 acompañando al exmandatario Rafael Correa (2007-2017), ha negado insistentemente las acusaciones y ha pedido que si alguien tiene pruebas las presente ante la justicia.
Las denuncias y sospechas de corrupción que desde hace dos años pesan sobre Glas, causaron la ruptura de relaciones con el presidente Lenín Moreno en agosto, luego de que se publicaran audios de un delator de Odebrecht en los que presuntamente se vinculaba al vicepresidente con actos ilícitos.
De inmediato, el primer mandatario le quitó todas las funciones y desde entonces el vicepresidente no cumple ninguna actividad de gobierno.
La trama de corrupción de Odebrecht en Ecuador provocó en junio la renuncia del contralor general Carlos Pólit, investigado por la fiscalía, mientras que el exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, un tío del vicepresidente Glas y exgerentes de la empresa estatal Petroecuador están detenidos, entre otros procesados.
La fiscalía también revisa unos 30 contratos suscritos por esa firma con el Estado ecuatoriano entre 1980 y 2015 para verificar las condiciones en que fueron otorgados.
El gobierno de Correa impulsó proyectos por alrededor de 1,600 millones de dólares con Odebrecht.
