El gobierno de Bolivia acordó este miércoles con la Organización de Estados Americanos (OEA) hacer una auditoría de carácter "vinculante" a las elecciones que dieron un polémico triunfo al presidente Evo Morales, en busca de una salida a las protestas que continúan en las calles del país.
"Hemos concluido los acuerdos a ser firmados entre Bolivia y la OEA para que se pueda realizar la auditoría integral a las elecciones generales del 20 de octubre", anunció en rueda de prensa el canciller boliviano, Diego Pary.
Como había solicitado expresamente el candidato opositor Carlos Mesa, que ha denunciado un fraude electoral, "el resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes", agregó Pary.
El acuerdo con la OEA garantiza "la verificación de las actas, verificación del proceso, datos estadísticos y cadena de custodia" de los votos, además del "acceso a las instalaciones e información que soliciten" los técnicos que llegarán al país este mismo jueves para dar inicio a la auditoría.
El proceso de revisión, según el pacto, "se concentrará en la jornada electoral y las fases posteriores".
Mesa, un centrista que gobernó Bolivia entre 2003 y 2005, allanó el martes el camino a la auditoría con la esperanza de que esta "va a demostrar, de manera palmaria e inequívoca el fraude".
La auditoría fue planteada la semana pasada por Morales al secretario general de la OEA, Luis Almagro, después de que la oposición denunciara un fraude para garantizar un cuarto mandato de Morales, con complicidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Un primer sistema de conteo rápido de votos del TSE anticipaba, horas después de la votación, una segunda vuelta entre Morales y Mesa. Pero tras un silencio de más de 20 horas sobre el avance del escrutinio −que despertó sospechas y denuncias−, la tendencia cambió y finalmente fue declarada la victoria de Morales en primera ronda con el 47.08% de los sufragios frente al 36.51% de Mesa.
La ley boliviana atribuye la victoria en primera vuelta con más del 50% de los votos o con el 40% y una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo.
Pero la decisión de ir a la auditoría no es compartida por algunos grupos civiles que lideran desde hace una semana las protestas en varias ciudades del país.
