El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, enfrenta este martes un desafío de los diputados contrarios a un Brexit sin acuerdo --que podría desembocar en elecciones legislativas anticipadas que él dijo no desear-- y acciones judiciales contra la suspensión del Parlamento.
Los legisladores vuelven al trabajo tras las vacaciones estivales, en una jornada que podría ser crucial para el convulso proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE).
La semana pasada, el jefe de gobierno provocó una ola de indignación al anunciar su decisión de suspender las labores parlamentarias desde mediados de septiembre hasta el 14 de octubre, solo dos semanas antes de un Brexit que podría ser brutal si no logra renegociar un acuerdo con Bruselas.
Los diputados opositores y los conservadores contrarios a un Brexit sin acuerdo denunciaron esta medida como un intento de atarles las manos.
Para contrarrestarla, intentarán presentar y aprobar de urgencia una ley que obligue al Ejecutivo a pedir a Bruselas un nuevo aplazamiento de la fecha de salida del bloque a falta de un acuerdo el 31 de octubre.
Sin embargo, para ello deberán primero arrebatar el control de la agenda legislativa al gobierno, que el martes tenía previstas varias intervenciones tras el inicio de las labores parlamentarias, hacia las 14H00 GMT.
Afirmando confiar en la posibilidad de un acuerdo con Bruselas, Johnson llamó el lunes a los diputados conservadores a no votar con el líder opositor "Jeremy Corbyn a favor de otro aplazamiento sin sentido".
Si lo hacen, "toda nueva negociación será absolutamente imposible", agregó.
Anteriormente, Johnson había amenazado a los rebeldes con la expulsión del partido, lo que desató la especulación sobre inminentes legislativas anticipadas, ya que eso dejaría al gobierno en minoría en el parlamento.
"Yo no quiero una elección y ustedes no quieren una elección", dijo el primer ministro para atajar los rumores.
Además de en el Parlamento, la batalla se librará el martes en los tribunales: una corte de Edimburgo y otra de Belfast estudiarán sendas demandas contra la suspensión parlamentaria.
Otra querella, presentada por la activista antibrexit Gina Miller, a la que se unió el ex primer ministro conservador John Major, se examinará el jueves en Londres. Miller fue la responsable en 2017 de una victoriosa batalla legal que obligó al gobierno de Theresa May a consultar el proceso de Brexit con el Parlamento.
Mientras tanto, desde la mañana están convocadas varias manifestaciones frente al Parlamento de Westminster. Bajo el lema "Paren el golpe de Estado", miles de personas había protestado ya en una treintena de ciudades del país el sábado contra las cinco semanas de cierre parlamentario.
"No podemos depender únicamente de los tribunales o del procedimiento parlamentario para salvar la situación. Tenemos todos la obligación de hacer oír nuestra voz", afirmaron los organizadores de las protestas en su página web.
"Somos miles los que nos uniremos a una ocupación del Parlamento y bloquearemos las carreteras antes de permitir que Johnson cierre las puertas a la democracia", lanzó una de las organizadoras, Laura Parker.
Johnson, el carismático y controvertido político de indisciplinada cabellera rubia, llegó al poder el 24 de julio en remplazo de Theresa May --obligada a dimitir por su incapacidad para cumplir con el Brexit--, asegurando que sacaría al país de la UE el 31 de octubre con o sin acuerdo.
Hace más de tres años que los británicos decidieron en referéndum abandonar el bloque europeo. Sin embargo, su salida, prevista para marzo de 2019, fue aplazada dos veces por el rechazo del Parlamento al Tratado de Retirada firmado por May con Bruselas.
Johnson se declaró dispuesto a rescatar el acuerdo con los 27 a condición de que supriman del Tratado la "salvaguarda irlandesa", un mecanismo destinado a evitar una nueva frontera en la isla de Irlanda que los euroescépticos acusan de mantener al país en las redes de la UE.
De lo contrario amenaza con un Brexit sin acuerdo, que tendría caóticas consecuencias para ambas partes.
