La fiscalía de Brasil pidió detener a los jefes del Senado y de la Cámara de Diputados, a un exministro y a un exmandatario, todos del partido del presidente interino Michel Temer, por interferir en la investigación del fraude a Petrobras, informó el martes la prensa.
Según el diario O Globo, la procuraduría solicitó a la corte suprema encarcelar a Renan Calheiros, titular del Senado y primero en la línea de sucesión presidencial, y al senador Romero Jucá, exministro de Planificación de Temer que renunció en mayo, días después de asumir, tras ser blanco de denuncias ligadas a esta causa.
El fiscal general pidió asimismo prisión domiciliaria para el expresidente brasileño José Sarney (1985-1990), de 86 años, y que se le coloque una tobillera electrónica.
“Todos fueron grabados intentando interferir en las investigaciones de 'Lava Jato'”, publicó O Globo, en referencia al nombre con el que se conoce la investigación para develar el escándalo que drenó miles de millones de dólares de Petrobras hacia partidos políticos.
La fiscalía también pidió la detención de Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, cuyo mandato fue suspendido por la corte suprema por obstaculizar el proceso, pero que siguió “interfiriendo en el comando de la cámara”, según detalló el periódico.
Los cuatro nombres pertenecen a la cúpula del partido de centro PMDB, presidido por Temer hasta poco antes de asumir la jefatura de Estado, luego de la suspensión de la mandataria Dilma Rousseff.
Rousseff está siendo juzgada por el Senado acusada de haber manipulado las cuentas públicas en 2014, año de su reelección, y principios de 2015.
La sentencia final de su caso está prevista para mediados de agosto, en plena realización de los Juegos Olímpicos de Río-2016.
Los diarios Folha de Sao Paulo y Estadao divulgaron la misma información citando a O Globo, y precisaron que la confirmaron con fuentes del Lava Jato. Ni la fiscalía ni la corte suprema confirmaron a la AFP los pedidos de prisión.
La base de los pedidos del fiscal general Rodrigo Janot a la corte suprema se basan en los audios de conversaciones telefónicas tomados secretamente por Sergio Machado, expresidente de Transpetro, una subsidiaria de Petrobras.
Machado grabó a los caciques del PMDB para documentar su confesión y colaborar así con la justicia a cambio de una reducción en su eventual condena.
Tras conocerse los primeros pasajes de las grabaciones, Jucá debió renunciar y desató una prematura crisis dentro del gobierno de Temer.
A la semana siguiente, cayó el ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, también grabado criticando la operación Lava Jato.
Los pedidos están hace al menos una semana en manos del ministro de la corte suprema Teori Zavascki, que investiga el escándalo.
La mayoría de los implicados tienen fueros especiales y no pueden ser juzgados por la justicia común.
