Durante tres años, los brasileños se han acostumbrado a ver las imágenes de importantes políticos o líderes empresariales siendo arrestados por la policía, resultado de una investigación cada vez más amplia sobre la venta de favores por parte de la élite política que ha alcanzado también al presidente.
Lo que comenzó como una investigación de lavado de dinero se ha convertido en un megaescándalo que ha evidenciado principalmente que empresas constructoras cobraron de más los contratos con la compañía petrolera estatal.
El caso ha visto a decenas de políticos y ejecutivos de negocios encarcelados y se han descubierto en una variedad de grandes proyectos de infraestructura, incluso en contratos para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Muchos brasileños esperaban que la operación Lava Jato pusiera fin a la extensa cultura de corrupción del país. Pero cada vez más se cuestionan si la mayor investigación de corrupción en la historia de Brasil está realmente haciendo mella.
"Hay una verdadera tensión entre las fuerzas de la impunidad en Brasil y las fuerzas que están tratando de deshacerse de esa impunidad", dijo Matthew Taylor, profesor de la Escuela de Servicio Internacional de la Universidad Americana y miembro del Consejo de Educación Relaciones Exteriores.
"Brasil ha pasado por un impulso de rendición de cuentas, pero es difícil saber si ese giro se convertirá en un gran cambio en la rendición de cuentas o si simplemente se perderá”.
Hay indicios de que las fuerzas que combaten la impunidad no se rendirán sin luchar. El mismo día de marzo en que ejecutivos de la constructora testificaban ante un tribunal federal acerca de un extenso plan para comprar favores a los políticos brasileños, el presidente Michel Temer realizó un encuentro extraoficial en su casa para poner en marcha su propio plan para proveer favores políticos por 11.6 millones de dólares en sobornos, según una acusación presentada por el fiscal general.
Temer niega haber arreglado con Joesley Batista, entonces presidente de la gran empacadora de carne JBS, recibir pagos mensuales a cambio de ayudar a la compañía obtener decisiones gubernamentales favorables. Supuestamente, los dos también discutieron pagar por el silencio de un exlegislador encarcelado que Temer aparentemente teme podría implicarlo.
En otra señal preocupante, miembros del Congreso intentaron a finales del año pasado aprobar medidas que harían más difícil investigar los casos de corrupción, incluyendo propuestas para otorgarse amnistía e introducir sanciones para los fiscales y jueces que se extralimiten.
La semana pasada la policía federal cerró el grupo de trabajo asignado a la operación Lava Jato, diciendo que los funcionarios formarán parte de una división ya existente que investiga la corrupción.
"Los brasileños están cansados de no ver un cambio", dijo Paulo Alentajano, un profesor de geografía que participó en una reciente manifestación contra Temer. "Protestamos y, sin embargo, para estos políticos es como siempre. Brasil tiene un largo camino por recorrer".
