La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pasó cuentas a México por el "fuerte ataque" a su secretario ejecutivo y las críticas lanzadas contra un grupo de expertos del organismo que investigan la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa.
El comisionado Paulo Vannuchi denunció un "fuerte ataque de autoridades públicas de México" a la labor del Grupo de Expertos Independientes de la Comisión (GIEI) de la CIDH y el "daño irreparable" infligido a su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez.
"Es un poco cobarde porque debía ser un ataque a la Comisión. Todo el trabajo de Emilio fue en nombre de los comisionados", añadió.
Vannuchi reconoció que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto rechazó la denuncia, pero destacó que el caso servía para desestimular a que instituciones públicas de México y otros países acepten ese tipo de acusaciones.
En una denuncia que la Fiscalía mexicana tomó, pero luego desestimó, un ciudadano acusó al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, de fraude en la investigación sobre la desaparición y presunta matanza de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en 2014.
Álvarez Icaza denunció que existe una "campaña de desprestigio" en México contra el GIEI, que investiga qué pasó con los estudiantes.
El gobierno mexicano se desmarcó del caso contra el secretario ejecutivo de la CIDH y negó una campaña de desprestigio contra los expertos.
"Ningún funcionario tuvo nada que ver en la denuncia penal que se presentó contra el secretario ejecutivo de la CIDH ni mucho menos fue un ataque a la CIDH de parte del gobierno de México", aseguró este jueves el subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas.
"Nadie en el gobierno de México (está) involucrado en una campaña de desprestigio contra las organizaciones civiles, contra la CIDH, contra el Secretario, contra el GIEI", añadió.
Pero algunos acusan al gobierno mexicano de al menos tolerar una "hostilidad" contra los organismos regionales de derechos humanos y las organizaciones civiles.
"Manifestamos nuestra profunda preocupación por las recientes expresiones de una política de descrédito y hostilidad propiciada o en muchos casos tolerada por el gobierno mexicano en contra de la CIDH y las organizaciones defensoras de los derechos humanos en México", señalaron cinco oenegés en un comunicado conjunto.
"La actitud reciente del gobierno mexicano constituye una forma de obstaculizar el trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos; y de minar la autonomía e independencia de los organismos internacionales, en particular de la CIDH", añadieron.
México ha elogiado la investigación y las recomendaciones de los expertos del GIEI, pero la labor del grupo no ha estado exento de enfrentamientos con las instituciones mexicanas.
El miércoles, el grupo de expertos advirtió que romperá con la fiscalía si no aclara las dudas sobre un nuevo peritaje, que validaría la versión oficial presentada en noviembre de 2014, según la cual los jóvenes fueron atacados por policías corruptos de Iguala, los cuales los habrían entregado a sicarios del cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado sus cuerpos.
Pero el GIEI ha concluido que no existe evidencia de un fuego de esa magnitud en el basurero la noche de la tragedia.
El trabajo del GIEI termina oficialmente el 30 de abril, un año después de su conformación, y ya el gobierno mexicano ha expresado que no lo va a renovar. Según la CIDH, los familiares de las víctimas han pedido una prórroga.
La CIDH también cuestionó al gobierno mexicano, que reaccionó a un crítico informe del organismo afirmando que "no se vive una crisis de derechos humanos" en su país.
"Desconocer que hay situaciones de violación de derechos humanos en nuestros países, de una manera desafortunada más en México, sería quebrantar el principio de realidad", dijo el comisionado Enrique Gil Botero. "Es una de las primeras manifestaciones de la esquizofrenia", añadió.
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