La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el lunes la situación de algunas cárceles de El Salvador porque han ocasionado serios riesgos para la vida e integridad de las personas detenidas.
La CIDH aseguró en un comunicado de prensa que además de incrementar las tasas de encarcelamiento, “estas medidas han resultado en graves violaciones a los derechos humanos de miles de personas privadas de libertad, tales como aislamiento prolongado e indefinido bajo condiciones inhumanas, suspensión del régimen de visitas y traslados forzosos a fin de alejar a los internos de sus familiares”.
El pronunciamiento del organismo se enfocó de manera específica en las medidas extraordinarias que implementó el gobierno en las cárceles del país para intentar contener la violencia atribuida a pandilleros.
Éstas entraron en vigor en abril de 2016 y su vigencia, que la CIDH pidió no renovar, se prorrogó en febrero de 2017 hasta abril de 2018. La Asamblea Legislativa es la institución a cargo de la renovación de las mismas. Luego de una matanza de once trabajadores que estremeció al país en marzo de 2016, y que las autoridades atribuyeron a las pandillas, el Estado puso en marcha estas medidas que arrancaron al decretar estado de emergencia en siete cárceles.
Días después, la Asamblea dio luz verde a las autoridades para someter a los criminales a aislamientos severos y le otorgó mayores facultades al gobierno para evitar llamadas telefónicas desde los centros penales. Las autoridades sostienen que las órdenes de homicidios, extorsiones y otros delitos salen de las prisiones donde se encuentran los principales cabecillas de las maras o pandillas.
El Salvador cerró 2017 con un registro de 3 mil 954 personas asesinadas, un promedio de 10.8 muertes violetas por día, lo que implica una reducción de mil 326 homicidios en comparación con 2016, cuando confirmaron 5 mil 280 homicidios, la mayoría perpetrados por estos grupos que también están involucrados en narcotráfico y otros delitos como extorsión. Y aunque la situación mejoró respecto al año anterior, la nación centroamericana aún es una de las más violentas del mundo con un promedio de 60.8 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.
Por su parte, la CIDH señaló que desde la implementación de estas medidas, “y a consecuencia de las condiciones inhumanas de aislamiento y encierro”, se ha incrementado en un 440% las tasas de tuberculosos y el consecuente número de muertes por esa enfermedad.
En las conclusiones y observaciones sobre la visita a El Salvador del 20 al 22 de noviembre de 2017, la CIDH mostró su preocupación por la vigencia de estas medidas de carácter represivo y sus consecuentes afectaciones a los derechos de los presis.
La CIDH también advirtió que recientemente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein, y la Relatora de Ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Agnes Callamard, se pronunciaron al respecto y llamaron al Estado a derogar dichas medidas, así como a permitir el acceso a organismos independientes de monitoreo.
Según las autoridades de Seguridad Pública, las pandillas están integradas por más de 67 mil jóvenes y adultos y son los responsables de la mayoría de los crímenes cometidos en el país.
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