A dos semanas de entregar el control del Parlamento a la oposición, el chavismo se apresta a designar este martes a 13 jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una polémica decisión que amenaza con complicar la agenda opositora.
Los nombramientos y juramentaciones de magistrados se realizarán en tiempo récord entre el martes y el miércoles, durante sesiones extraordinarias convocadas por el presidente de la Asamblea y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, debido a que el período ordinario finalizó el 15 de diciembre.
Aduciendo que se violaron los plazos para la selección de aspirantes, la oposición rechaza el proceso y sostiene que las nominaciones correspondían al Parlamento que se instalará el 5 de enero, donde la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD, centroderecha) tendrá una mayoría de dos tercios de los diputados.
Pero Cabello asegura que el oficialismo está facultado para completar la nómina de 32 magistrados del TSJ, que analistas estiman jugará un rol importante en el pulso que mantendrán el gobierno socialista de Nicolás Maduro y la MUD tras 16 años de hegemonía chavista en el legislativo.
"Armaron un escándalo con los magistrados del TSJ. Yo no sé por qué nosotros no podemos seguir cumpliendo nuestras funciones. Nosotros somos Parlamento hasta que ellos se instalen", afirmó Cabello.
Sin embargo, para el diputado electo de la MUD, Alfonso Marquina "este es un proceso viciado" porque "no se han cumplido los lapsos y de manera fraudulenta han aparecido nombres de ciudadanos que no habían consignado los documentos a tiempo".
Con argumentos similares, que a su juicio configuran un "fraude", un grupo de juristas impugnó las candidaturas ante el Comité de Postulaciones de la Asamblea y aseguró que la intención del oficialismo sería "cubrir los cargos –algunos no vencidos– con ciudadanos que tienen vínculos partidistas" con el Gobierno.
Además de acortar el mandato presidencial mediante un referendo revocatorio, una enmienda o una asamblea constituyente, la supermayoría legislativa que tendrá la oposición la facultad para remover magistrados del TSJ.
No obstante, se trata de un proceso complejo, pues solo se lo puede hacer con base en faltas graves previamente calificadas por el llamado Poder Ciudadano, conformado por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Contraloría, que según la oposición están regidas por el chavismo.
A partir de la posesión de la nueva Asamblea, el TSJ podría cumplir un papel de árbitro –especialmente su poderosa Sala Constitucional– en muchas de las disputas que se vislumbran entre el chavismo y la MUD, la primera de las cuales sería una amnistía para unos 80 "presos políticos" que se plantea aprobar la oposición como primer acto legislativo.
Si considera que dejaría impunes delitos de "lesa humanidad", la Sala Constitucional podría bloquear el indulto que beneficiaría a dirigentes como el líder del ala radical de la MUD, Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel acusado de incitar a la violencia durante protestas para forzar la renuncia de Maduro, que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014.
El presidente de la firma Datanálisis, Luis Vicente León, considera que en el nuevo escenario el Gobierno podría "usar su control institucional para bloquear al Parlamento", con lo que las leyes aprobadas por la oposición –entre las cuales varias para enfrentar la crisis económica– correrían el riesgo de ser desechadas por el TSJ.
Al mismo tiempo, "los juicios contra magistrados no contarán con el apoyo indispensable de los otros poderes ciudadanos y esto sin contar con que el TSJ puede crear una interpretación artificial que dé marco legal aparente al insólito Parlamento Comunal con el que pretenden 'bypasear' la decisión electoral del pueblo", sostiene León.
El analista se refería a una asamblea instalada hace una semana por Cabello y que está prevista en las denominadas "leyes del poder popular", impulsadas por el fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2012).
Juristas consideran que esa instancia –con la que el oficialismo buscaría hacer contrapeso a la mayoría opositora– no está consagrada en la Constitución y por tanto no tiene fundamento jurídico.
