El presidente chileno, Sebastián Piñera, propuso la noche de este lunes un "acuerdo social" para hacer frente a las demandas expresadas en las intensas manifestaciones que suman cuatro días y dejan ya 11 muertos en todo Chile.
En una primera declaración de intención y aún resintiendo los ecos de la fuerte declaración emitida el domingo, cuando afirmó que Chile enfrentaba una "guerra", el mandatario derechista propuso la noche de este lunes un "acuerdo social" que permita acallar el peor estallido social en varias décadas en el país suramericano.
"Mañana (martes) me reuniré con presidentes de partidos, tanto de gobierno como de oposición, para poder explorar y ojalá avanzar hacia un acuerdo social que nos permita a todos unidos acercarnos con rapidez, eficacia y también con responsabilidad hacia mejores soluciones a los problemas que aquejan a los chilenos", afirmó el mandatario en un mensaje público.
La cuarta jornada de protestas se vivió con intensidad en todo Chile este lunes, cuando muchos chilenos intentaron -con varias complicaciones- retomar en parte sus actividades normales.
"Que se vayan los milicos", gritaron los manifestantes en la céntrica Plaza Italia, en abierto desafío a las fuerzas militares y policiales que desde el sábado resguardan en gran número el centro de la capital chilena, bajo estado de emergencia y toque de queda por tercera noche consecutiva.
Bailando, caceroleando y aplaudiendo con fuerza cada vez que sobrevolaba un helicóptero militar, los manifestante también coreaban: "Ohhh...Chile despertó; Chile despertó...".
"Va a correr sangre. Nos cerraron las puertas de todas las cosas", dijo a la AFP Adrián Castillo, un dentista de 30 años, que portaba una pancarta en que se leía: "Fuera Piñera".
Los disturbios dejan hasta el momento 11 fallecidos, según cifras oficiales entregadas por Karla Rubilar, intendenta (gobernadora) de la Región Metropolitana.
Las muertes han ocurrido en su mayoría a causa de incendios de instalaciones en medio de saqueos. El Partido Comunista denuncia la muerte por un disparo policial de un joven ecuatoriano en la ciudad de La Serena (norte).
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El ministro de Salud, Jaime Máñalich, informó de su lado que hay 239 civiles heridos, ocho de ellos en riesgo vital. El titular de la cartera de Interior, Andrés Chadwick, dijo que 50 policías y soldados también resultaron heridos, en tanto la Fiscalía dio cuenta de 2,151 detenidos en todo Chile. El Instituto de Derechos Humanos reportó en tanto 37 heridos por arma de fuego.
En un ambiente de gran tensión, muchos empleadores cancelaron las jornadas de trabajo y las clases estaban suspendidas en prácticamente todos los colegios y universidades hasta al menos este martes.
Las autoridades calcularon hasta este lunes en 20 mil los puestos de trabajo afectados por la destrucción y la bolsa de Comercio de Santiago cerró sus operaciones con una caída de 4.61%.
Si el detonante del conflicto fue el aumento de la tarifa del metro, con el correr de las horas las protestas se hicieron eco de otras reivindicaciones en una sociedad que incuba desde hace años descontento con un modelo económico cuyo acceso a la salud y a la educación es prácticamente privado, con una alta desigualdad social, bajas pensiones y alza de los servicios básicos.
"La gente está aburrida, está cansada, está dolida porque es mucho", dice Solange, una maestra que se manifestaba en el centro de Santiago.
En el centro de Santiago, con una gran presencia militar y policial durante todo el día e incidentes en varios puntos, algunas tiendas abrieron sus puertas, pero la mayoría de los supermercados y centros comerciales permanecieron cerrados o abrieron parcialmente.
En los pocos supermercados que abrieron, las personas hicieron largas filas para abastecerse de víveres. En las gasolineras también hubo enormes colas de vehículos para cargar combustible.
La violencia de las protestas tenía a muchos perplejos, con miedo, aunque también expectantes de los cambios que se pueden venir tras el estallido.
"Se veía venir esto. El gobierno no ha hecho nada, no era solo el pasaje de metro lo que gatilló esto y terminó en vandalismo. Si el gobierno no hace cosas contundentes, medidas para mejorar los sueldos, la salud, las pensiones...", dijo a la AFP Carlos Lucero, de 30 años, vendedor de sándwiches en el céntrico paseo Ahumada.
Con tres noches consecutivas de toque de queda en varias ciudades de Chile y cuando cundían los saqueos y pillajes, los vecinos se organizaban para evitar ataques a sus hogares.
Armados con palos y con los chalecos amarillos que popularizaron manifestantes en Francia, defendían sus casas pero también supermercados y tiendas de barrio que quedaron en pie y no fueron vandalizados.
En alianza con las fuerzas del orden, realizaban rondas de vigilancia junto a policías y militares que les permitían salir a las calles pese al toque de queda.
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