El presidente Juan Manuel Santos fue citado a declarar ante las autoridades electorales, como parte de una investigación por un presunto financiamiento irregular que la constructora brasileña Odebrecht habría hecho a la campaña de reelección del mandatario colombiano.
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Alexander Vega, dijo a periodistas que Santos debe declarar el 8 de mayo y lo hará en "versión libre", una modalidad que permite a una persona declarar en persona o por escrito sin que se le considere una prueba jurídica en su contra.
Santos ha dicho que desconocía que la empresa hubiese dado dinero de manera irregularidad y él mismo ha pedido que se investigue.
La autoridad electoral inició una investigación en febrero sobre si la campaña de reelección de Santos en 2014 habría violado los topes en la financiación, luego de una declaración del excongresista Otto Bula que dijo haber entregado un millón de dólares al entonces gerente del equipo del mandatario.
Bula, detenido a principios del año por la Fiscalía de Colombia, presuntamente recibió un soborno de más de $4 millones de Odebrecht entre 2013 y 2014, y un millón de ellos los habría destinado para la campaña de Santos.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo en marzo que Odebrecht firmó un contrato con una compañía registrada en Panamá que está vinculada con la agencia local de publicidad que Santos contrató durante su campaña de 2014.
Añadió que el objetivo de la empresa al parecer era congraciarse con el gobierno de Santos para que le ayudara a ganar un arbitraje por $100 millones en torno a disputas por un proyecto carretero.
En Colombia son ilegales las contribuciones de campaña por parte de compañías no bancarias, y Santos no reportó haber aceptado alguna contribución individual.
Odebrecht también es acusada de cubrir los gastos del rival de Santos, Óscar Iván Zuluaga, durante la contienda de 2014. El fiscal general dijo que se habrían pagado $1.6 millones para su campaña.
La compañía brasileña está en el ojo de un escándalo internacional por sobornos a funcionarios de varios países para beneficiarse en varios de sus contratos. Como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, Odebrecht admitió haber pagado al menos $788 millones en sobornos para obtener contratos en 12 países, la mayoría de ellos latinoamericanos. Hace algunas semanas, un juez de Perú ordenó el arresto del expresidente Alejandro Toledo por supuestamente recibir unos $20 millones en sobornos a cambio de un lucrativo contrato para construir una carretera entre Brasil y la costa del Pacífico.
