Los dos colaboradores del presidente encargado de Venezuela y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, cuyas residencias fueron allanadas la víspera por la policía política venezolana solicitaron el viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los proteja con una medida cautelar.
El diputado Sergio Vergara y Roberto Marrero, director de despacho de Guaidó, solicitaron por medio de tres abogados a la CIDH que los incluya a ambos en la medida cautelar emitida en enero a favor de Guaidó y su familia.
El allanamiento practicado la madrugada del jueves en las residencias de Vergara y Marrero, quienes residen en casas contiguas en Caracas, culminó con la detención de este último.
La solicitud ante la CIDH asegura la existencia de una “clara situación de gravedad y urgencia que constituye una amenaza de daño irreparable a los derechos” de Marrero y Vergara.
El secretario ejecutivo de la CIDH Paulo Abrão dijo el viernes a The Associated Press que el organismo probablemente tomará una decisión la semana próxima respecto a la posibilidad de incluir en la medida cautelar a colaboradores y parientes de Guaidó que han sufrido amenazas.
La Comisión tiene la facultad de emitir medidas cautelares para solicitar a los gobiernos que protejan a ciudadanos en riesgo grave y urgente de sufrir daño irreparable.
Abrão agregó que el gobierno de Nicolás Maduro no ha acusado recibido aún de la medida cautelar emitida en enero para Guaidó, y calificó “muy excepcional” que un Estado no informe a la CIDH las medidas que pretende adoptar para darle cumplimiento.
“Nos preocupa mucho esta situación porque de alguna manera revela una persecución particular que para nosotros es inadmisible”, indicó.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, reconoce a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, una postura compartida por Estados Unidos y otros 50 países que consideran fraudulenta la reelección de Nicolás Maduro en mayo de 2018.
La CIDH, adscrita a la OEA, emitió la víspera otra medida cautelar a favor de pacientes en las salas de parto y área de emergencia, así como los recién nacidos del área de neonatología del hospital Maternidad Concepción Palacios en Caracas.
La Comisión dijo haber recibido información sobre un elevado número de fallecimientos de recién nacidos debido a la inexistencia de un tratamiento oportuno y adecuado, la escasez de insumos médicos y personal especializado, y las graves condiciones de insalubridad existentes en el centro asistencial.
La CIDH también exhortó el viernes al gobierno de Maduro a garantizar los derechos humanos de la población frente a la emergencia humanitaria que sacude a la nación sudamericana, y expresó su preocupación por la falta de servicio eléctrico y agua potable.
La Organización de Naciones Unidas estima que al menos tres millones de venezolanos han abandonado su país ante la escasez aguda de alimentos y medicinas y una galopante hiperinflación.
Maduro niega la existencia de una crisis humanitaria y ha rehusado aceptar ayuda humanitaria de varias naciones, alegando que son intentos de derrocarlo por la fuerza.
La CIDH mantiene a Venezuela bajo una supervisión especial desde 2002.
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