La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional (AI) condenaron las deportaciones masivas de colombianos y las violaciones del debido proceso que se están dando en la frontera colombo venezolana, tras el cierre indefinido de una amplia franja de esa zona común el 20 de agosto de 2015, y el estado de excepción decretado por el gobierno de Nicolás Maduro.
La CIDH manifestó que los señalamientos que hacen pretenden contribuir a que no se generen crisis o a que se atiendan problemas que pueden representar asuntos de gravedad. "Es una invitación a los Estados a resolver en los mejores términos desafíos que se presenten en sus países. Los desafíos están allá, allá están los problemas, la Comisión busca contribuir a resolverlos", manifestó el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza en declaraciones a NTN24.
AI, por su parte, remarcó que aunque el Estado venezolano tiene el deber de proteger a la gente de la criminalidad eso no se puede hacer violando los derechos humanos. "Los Estados lo que debieran estar haciendo es denunciar estas graves violaciones a los derechos humanos y exigir, como comunidad internacional, que el Gobierno venezolano pare de cometer estas graves violaciones a los derechos humanos que llevan algunas semanas", apuntó Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional a la emisora colombiana W Radio.
SIN PRECEDENTE EN EL PASADO RECIENTE
El secretario ejecutivo de la CIDH manifestó que no existe precedente en la región latinoamericana y del Caribe, en el pasado reciente, que se compare con la crisis migratoria que existe en la frontera entre Colombia y Venezuela. "Hay otros lugares en el continente donde se han presentado conflictivas de esta naturaleza, hay políticas de deportación en algunos casos, señalados también por la comisión, los casos de Estados Unidos deportando a la población mexicana, centroamericana; los casos de República Dominicana deportando haitianos; hay también espacios de tensión en otras islas del Caribe y en algunos países de América del Sur. Pero en una dimensión como la que se ha presentado recientemente no hay una comparativa", manifestó.
El secretario ejecutivo expresó que a la Comisión le parece necesaria una revisión de lo que ahí sucede, en términos de que se garanticen los derechos de estos colombianos y de generar condiciones, por ejemplo, de lo que fuere el debido proceso en materia migratoria y que no se den "estas acciones sumarísimas".
Agregó que también les parece grave que pudiera haber una discriminación por nacionalidad. Aunque reconoció que un Estado tiene la facultad de ejercer controles migratorios o revisiones, señaló que la CIDH busca un principio de respeto a los derechos humanos de todas las personas, y los migrantes tienen derechos, así como también los tienen aquellos que están en condición de migración permanente, incluso aquellos que ya están en condición de haber realizado la vida en Venezuela, en este caso específico.
"Lo que no puede suceder es que no se den las garantías de debido proceso a quien ha tenido ya una condición de permanencia en Venezuela y esta manera en que se están haciendo esas deportaciones, de manera tan sumaria y acelerada, son el centro de nuestra preocupación", aseveró.
A la pregunta de si hay racismo contra los colombianos frente a esta decisión del Gobierno venezolano, Álvarez manifestó que lo que la Comisión advierte es que no se puede generar una afectación a un grupo determinado y en este caso no puede ser que por pertenecer al grupo de colombianos que radican en la zona de la frontera o en cualquier otra parte de Venezuela, se genere una condición de negación de derechos. "Este tipo de principios no solo son contrarios a lo que establece la CIDH sino a los preceptos mismos de la Constitución de la República de Venezuela", argumentó.
Sobre la posibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro haga caso omiso a los señalamientos de la CIDH, remarcó que la Comisión no genera una agenda de conflictos con los países, sino una agenda de protección a los derechos humanos, por lo que donde fuere necesario va a hacer un llamado.
ESTO TIENE QUE PARAR YA
La directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional, al manifestar la preocupación de su organización sobre la situación en la frontera común de Colombia y Venezuela aludió a que el mismo gobernador del estado de Táchira, José Vielma Mora, dijo hace dos o tres días que se había deportado en pocos días a más de mil personas.
"Es intolerable que esté sucediendo esto en 2015, violando los derechos humanos de las personas", indicó.
Marengo aseguró que es insostenible que se siga deportando a la gente sin ningún procedimiento. "Esa es la información que tenemos, hay fotos, hay videos, está la prensa en ese lugar, hemos hablado con personas que se encuentran en la frontera y las deportaciones no han seguido un debido proceso", reiteró.
Lo que tiene que pasar es que tiene que parar esto -señaló- no se puede dividir a familias, como se ha hecho, que gente sea deportada en dos o tres horas, que los fuercen a salir de sus casas e, incluso, que se dé maltrato de parte de las fuerzas de seguridad.
"Esto tiene que parar y se tiene que comenzar de cero a ver si hay criminalidad o no hay criminalidad, quiénes son los criminales y que se los lleve ante la justicia como cualquier otra persona, hay que llevarlos ante una justicia independiente e imparcial", remarcó.
La vocera de Amnistía recordó que hace dos años aproximadamente que Venezuela salió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que es preocupante que en el siglo XXI un Estado no entienda lo importante que es que desde afuera alguien esté viendo cómo funciona el país y si se están cometiendo violaciones a los derechos humanos o no. "Las cortes nacionales en todos los países del mundo cometen errores, entonces, una vez que se ven casos en cortes nacionales y la gente no recibe la respuesta adecuada, se llevan esos casos a instancias como la CorteIDH. Preocupa enormemente que un Gobierno como el venezolano no entienda lo importante que es eso para la protección de derechos humanos de todas las personas en su país", aseveró.
El defensor del Pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálora, informó ayer que son cuatro sus compatriotas que han denunciado haber sufrido abusos por parte de la Guardia venezolana al cruzar la frontera común, cerrada parcialmente desde hace 12 días, reportó la agencia de noticias EFE.
"La Defensoría al día de hoy ha recepcionado mil 242 quejas formales por los colombianos deportados y los que han regresado voluntariamente al país. De esas mil 242 solo cuatro quejas, dos de dos mujeres, y dos de dos hombres, hacen referencia a actos sexuales", detalló Otálora. No obstante, a través de un tuit publicado en la cuenta de la Defensoría a la 1:05 p.m. de hoy la cifra de quejas presentadas se elevó a mil 379.
El funcionario especificó que las cuatro denuncias no se refieren "a un acceso carnal violento" sino que se trata de "actos diversos" de naturaleza sexual que, pese a su bajo número, "preocupan" a la Defensoría.
El gobernador de Táchira, José Vielma Mora, rechaza las acusaciones. “No maltratamos a colombianos, solo perseguimos a paramilitares y contrabandistas", indicó en un tuit.
Desplegarán 3000 militars en Táchira “Vienen pra apoyar supervisar y vigilar" @VielmaEsTachira http://t.co/UFDhZVvdZr pic.twitter.com/5WJqNKuiQR
No obstante, el alcalde de Cúcuta viajó hoy a Washington para presentar una demanda en contra el presidente Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos. Donamaris Ramírez aseguró hoy a la W Radio que llevaba pruebas recabadas a través de la Personería, así como testimonios de personas que alegan maltrato, entre otras pruebas de las violaciones de que son objeto los colombianos por parte del Gobierno de Venezuela y sus fuerzas armadas.
A esta hora no se ha confirmado la interposición de la demanda ante la CIDH, no obstante, Ramírez retuiteó una fotografía que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, divulgó a través de su cuenta de Twitter, en la que señala: "Alcalde de Cúcuta @DonamarisRPL me dio a conocer su vision sobre situación fronteriza c #Venezuela".
DEFENSOR VENEZOLANO DEFIENDE DEPORTACIONES
En tanto, el defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, en declaraciones a laiguana.tv, un medio digital cercano al régimen, expresó hoy que este es un tema muy delicado porque una decisión que tomó su país ha sido explotado mediáticamente, usando como instrumento de propaganda en el tema de los derechos humanos, el tema de la inmigración ilegal, de la familia, de los niños.
"Ellos hablan así. En un barrio de la zona metropolitana de San Antonio del Táchira y uno que ha conocido y ha estado [allí] prácticamente se ubica a cuatro metros del aeropuerto cuando ellos describen el lugar, y ocultan por ejemplo que la acción de defensa soberana del Estado se desarrolló a escasos metros de la frontera con Colombia, separada solamente por un hilo de agua apenas, que es el río Táchira, donde del lado del territorio venezolano una invasión comenzó a desarrollarse dentro de otra invasión; esa es la verdadera realidad donde ocurrieron los hechos", relató Saab.
Aclaró que la otra mentira que han explotado es que Venezuela estaba deportando incluso a colombianos con estatus de refugiado. "Nunca dijeron que eran inmigrantes ilegales, algunos de ellos incluso asociados a circunstancias delictivas, y tampoco dijeron que otros se fueron inicialmente de manera voluntaria, no por donde debieron haberse ido, los caminos digamos legales, totalmente consolidados de la frontera... prefirieron sacarlos incluso con apoyo de la fuerza armada colombiana, del lado colombiano, que ya tenían medios de comunicación que los estaban esperando por el lado del río, que fueron las imágenes que empezaron a transmitir y comenzar incluso a decir que Venezuela masivamente estaba expulsando incluso a refugiados", argumentó.
El funcionario venezolano señaló que en ese lugar, donde vivían 9 mil personas, había una tasca (garito) en la que operaba un centro de detención ilegal, de secuestro de personas, porque tenía un calabozo clandestino, y donde a pocos metros funcionaba un prostíbulo donde eran explotadas menores de edad.
