La fiscalía de Colombia pidió este miércoles 15 de noviembre a la Corte Suprema de Justicia que investigue a ocho congresistas oficialistas y un exministro del presidente Juan Manuel Santos presuntamente involucrados en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
"La modalidad de corrupción detectada consistía en la ilícita contratación de servicios por parte de congresistas (...) para que a través de sus competencias y funciones presionaran decisiones gubernamentales a favor de Odebrecht", indicó el ente acusador en un comunicado.
En Colombia, la Corte Suprema tiene la competencia de investigar y juzgar a funcionarios con fuero, entre ellos senadores, representantes y exministros.
Los directivos de la firma "lograron el apoyo" de legisladores para que la constructora obtuviera un contrato de una concesión vial en 2012, durante el primer mandato de Santos (2010-2014), agregó.
Para ello, contaron con la intermediación del exsenador Otto Bula y el empresario Federico Gaviria, ambos detenidos por este mismo escándalo. En un principio Bula y Gaviria contactaron a los senadores Mussa Besaile, Bernardo Elías y Armando Benedetti, del Partido de la U, el de Santos, y a Antonio Guerra, de Cambio Radical. A este grupo de congresistas, conocidos como "Los buldozer", les habrían pagado en total dos millones de dólares, según la fiscalía.
Los pagos los realizó Odebrecht desde el exterior a una empresa panameña donde se firmaron cheques que fueron cambiados a efectivo en Colombia para pagar las coimas. Posteriormente, para "impulsar" la adición de un contrato del mismo concesionario, pagaron una "comisión de éxito" a "Los buldozer" y otros parlamentarios.
Además de "Los buldozer", los otros presuntamente involucrados en esta trama son los senadores Álvaro Ashton (Partido Liberal), Sandra Villadiego (Partido de la U), Martín Morales (De la U) y el representante Alfredo Cuello (Partido Conservador).
En este caso Odebrecht habría contado con la "coadyuvancia" del entonces ministro de Transporte, Miguel Peñaloza, para la adjudicación del contrato, por lo que la fiscalía también pidió investigarlo. Peñaloza estuvo al mando de esa cartera entre mayo y agosto de 2012.
Villadiego, entretanto, rechazó los señalamientos, y Benedetti anunció una rueda de prensa para responder a la fiscalía. Según la fiscalía, para la obtención de la adición la constructora brasileña pagó 16.5 millones de dólares en sobornos, aunque no precisa cuánto era el monto destinado a los parlamentarios o a Peñaloza.
Odebrecht, inmersa en un escándalo global de corrupción, reconoció ante el gobierno de Estados Unidos haber otorgado 11.1 millones de dólares en sobornos en Colombia. Según la fiscalía colombiana, las coimas superarían los 27.7 millones de dólares.
