Países del continente manifestaron el jueves su preocupación por la tendencia autoritaria del presidente Daniel Ortega desde que protestas sacudieran a Nicaragua desde abril.
La panameña Esmeralda Arosemena de Troitiño, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, calificó como “crítica” la situación en la nación centroamericana al intervenir en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.
Tras realizar una presentación sobre la vulneración de derechos humanos en Nicaragua, Arosemena exhortó a los estados miembros de la organización a “considerar el cumplimiento de condiciones que hacen aplicable la Carta Democrática Interamericana”, refiriéndose al instrumento adoptado en 2001 para proteger la democracia en el hemisferio.
Ninguna delegación presentó el jueves un proyecto de resolución para activar la aplicación la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, y no está claro si 24 de los 34 países miembros votarían a favor en caso de que alguna delegación lo propusiera.
La aplicación de la Carta consiste en una variedad de iniciativas diplomáticas para proteger la democracia y el estado de derecho en un país específico, que de fracasar podrían generar eventualmente la suspensión de ese país.
El embajador estadounidense Carlos Trujillo dijo a reporteros en el marco de la sesión que su delegación y otros países propondrán a mediados de enero -cuando todos los embajadores hayan regresado a Washington tras la pausa decembrina- convocar una reunión de cancilleres para abordar la crisis de Nicaragua, para lo cual serían necesarios 18 votos.
Varias delegaciones coincidieron en criticar con dureza al gobierno de Ortega durante la sesión convocada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos y Perú.
“No es uso normal de la fuerza”, dijo la embajadora argentina Paula Bertol. “Estamos hablando de terrorismo de estado”.
El embajador de Nicaragua Luis Alvarado rechazó la convocatoria de la sesión porque aborda asuntos internos sin la anuencia del gobierno de Managua. Bolivia y Venezuela fueron las únicas delegaciones que le expresaron apoyo.
El gobierno de Ortega allanó en días recientes oficinas de algunos de los pocos disidentes que quedaban y expulsó a monitores internacionales que documentaban los reportados abusos de su gobierno.
La CIDH reporta como saldo de las protestas al 325 muertos, más de 2.000 heridos, 550 detenidos y enjuiciados, 300 profesionales de la salud despedidos y al menos 80 estudiantes universitarios expulsados.
La CIDH alcanzó en junio un acuerdo con el gobierno de Ortega para conformar al grupo de expertos independientes y un mecanismo especial de seguimiento.
Sin embargo, las autoridades los expulsaron la semana pasada acusándolos de injerirse en asuntos internos.
Al haber culminado su mandato de seis meses, el grupo de expertos cesó su funcionamiento presentando un informe en el que señalan la posibilidad de que Nicaragua haya sido escenario de crímenes de lesa humanidad.
El mecanismo especial de seguimiento de la CIDH, conocido como MESENI, seguirá operando desde Washington.
