La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia halló culpable a María del Pilar Hurtado, exdirectora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de ese país.
Hurtado, que coordinó como jefa de esa entidad la interceptación ilegal a defensores de derechos humanos, periodistas, magistrados que investigaban casos delicados de allegados al poder y opositores al gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), fue hallada culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones agravada y abuso de función pública.
Las autoridades determinaron que los seguimientos fueron ilegales, porque no se cobijaron en la seguridad del Estado sino en un “interés particular”. “Es claro que la conducta de los procesados para utilizar el DAS con propósitos distintos a los que tenía, implicó un concurso homogéneo de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, respecto de los cuales resulta procedente emitir condena”, se justificó en el fallo, cuya sentencia se anunciará el próximo 5 de marzo.
El fallo aclara además que para darle seguimiento a los magistrados se infiltraron sus sistemas de seguridad para obtener información; y para hacer eso mismo con los senadores (entre ellos el hoy alcalde Gustavo Petro) por su oposición a la administración Uribe, y con el periodista Daniel Coronell por sus álgidas columnas, se ordenó buscar información personal de ellos y sus familiares.
La sentencia condenatoria anunciada ayer es el penúltimo paso –falta el anuncio de la sentencia– de un caso en el que la Fiscalía acusó a la exfuncionaria en su ausencia ante la Corte Suprema el 18 y el 24 de mayo de 2011. O sea, la etapa de investigación –en la cual sus subalternos entregaron detalles y pruebas de la actividad que realizaban y la fiscalía alegó que las acciones que autorizó Hurtado no podían siquiera sustentarse como asuntos de seguridad nacional– se surtió con ella como reo ausente y tuvo 94 audiencias. Esa fase solo esperaba el juicio final de ayer. Por ese caso, contra Hurtado había además una orden de captura emitida el 25 de mayo de 2011, pero que tuvo que ser prorrogada por su ausencia.
Pero además de ese caso, Hurtado enfrenta otro por tortura psicológica y amenazas a los perseguidos por el aparato de seguridad que ella dirigió. Aun cuando la condena por este caso sería todavía mayor que la del otro caso, juristas coinciden en que en este sí podría conseguir algún tipo de beneficio si colabora con la justicia. Especialmente, revelando quiénes le dieron las órdenes para realizar las labores de espionaje. El único jefe de Hurtado, con rango de ministra, era Uribe.
En el caso de las “chuzadas” ha habido por lo menos 20 presos, de entre 68 posibles responsables identificados por las autoridades.
El fallo incluye también a Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia, quien a diferencia de Hurtado esperó el fallo en libertad. Él estuvo preso por 20 meses pero obtuvo la libertad en marzo de 2013. Moreno, que servía de enlace entre Hurtado y la Presidencia, fue hallado culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado, interceptación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública al arrogarse “responsabilidades que no tenía” y usurpar “una competencia que le correspondía a otra entidad al indagar sobre los magistrados”.
La audiencia, que debía empezar a las 3:00 p.m. pero por estar ausente Moreno y no haber enviado a su abogado, arrancó tres horas y media después.La exfuncionaria de 51 años, que dirigió el ahora extinto DAS entre el 23 de agosto de 2007 y el 23 de octubre de 2008, está recluida en el búnker de la fiscalía (una especie de Dirección de Investigación Judicial) desde el 30 de enero que llegó de Panamá, donde fue asilada en octubre de 2010. En ese centro deberá permanecer recluida hasta recibir la sentencia el 5 de marzo.
LA COBIJA PANAMEÑA
Hurtado fue asilada en Panamá con la firma del expresidente Ricardo Martinelli y el entonces vicecanciller y hoy ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, quienes, junto con el entonces canciller Juan Carlos Varela, defendieron el asilo.
La sola noticia de la concesión del asilo a Hurtado puso a Panamá en el panorama internacional, pues en Colombia las víctimas alegaban que ella no era una perseguida política, mientras las autoridades panameñas insistían en lo contrario.
Pero los roces entre los dos países se intensificaron en diciembre de 2011, cuando la Cancillería colombiana pidió a Panamá extraditar a Hurtado, a lo que Panamá, en febrero de 2012, negó esa solicitud y confirmó la decisión de mantener el asilo por considerar que Hurtado era una “perseguida política”.
Meses después, el Gobierno colombiano reiteró la petición considerando que se mantenían los motivos por los cuales se pidió la extradición la primera vez. No fue hasta el 29 de mayo de 2014 cuando Panamá declaró inconstitucional el asilo, aunque tanto antes como después de esa decisión de la Corte Suprema de Justicia las autoridades panameñas decían desconocer el paradero de la colombiana en su territorio.
