Seis defensoras de la naturaleza y de los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador denunciaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sufren una "persecución" desde la cúpula del Gobierno de Rafael Correa, y pidieron al organismo que visite la Amazonía ecuatoriana para estudiar esa "violencia de Estado".
"No ha faltado día en que alguien nos advierta: cuidado, te van a matar, tu teléfono está intervenido, váyanse de aquí, pidan asilo en otro país si quieren estar bien", dijo Patricia Gulling, representante del pueblo originario quichua Sarayaku, en una audiencia en la CIDH, celebrada ayer, 19 de octubre de 2015.
La CIDH, una organización autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha escuchado en varias ocasiones denuncias de los pueblos indígenas sobre las supuestas violaciones de sus derechos en el contexto de las actividades extractivas en la Amazonía, y en esta ocasión se centró en las amenazas a mujeres indígenas y mestizas.
Entre quienes acudieron a la audiencia estuvo Margoth Escobar, una mujer de 63 años que viajó a Washington en violación de una orden judicial que la obligaba a presentarse hoy ante una instancia jurídica que la investiga, según ella, por su participación en protestas pacíficas contra la explotación petrolera. "Estoy con medidas sustitutivas, debo presentarme dos veces a la semana, el lunes y el viernes, y yo estoy aquí. Estoy impedida de salir del país, estoy ilegalmente acá", dijo Escobar después de la audiencia.
"No podía callarme lo que está pasando en el país, porque lo que hicieron conmigo, que me detuvieron arbitrariamente, me golpearon, me encarcelaron, me siguen el juicio, me impiden la salida del país", agregó.
Ivonne Ramos, coordinadora de la organización Acción Ecológica, describió el problema como "violencia de Estado" contra las mujeres defensoras de la naturaleza, para impedir que se conviertan en "actores sociales relevantes".
"A las mujeres se les ha iniciado procesos sistemáticos y generalizados de persecución, caracterizados por la estigmatización que sale y arranca desde la mismísima presidencia de la República, que a través de cadenas nacionales ha vejado la existencia de defensoras de la naturaleza", sostuvo Ramos.
Varias de las mujeres aseguraron haber sido detenidas y golpeadas por autoridades ecuatorianas tras asistir a protestas, entre ellas Escobar, que aseguró que amenazaron con echarle "gas en la boca". "Mi imagen se ha utilizado para criminalizarme, para satanizarme, para degradarme en los medios de comunicación", añadió Escobar.
"Sé que a mi regreso me espera la cárcel. Lo sabía desde que salí, pero voy a regresar a mi Ecuador. Porque me hace falta para vivir y para gritar una vez más viva la naturaleza, viva la vida", afirmó.
La presidenta de la CIDH, Rose Marie Belle Antoine, se mostró "profundamente preocupada" por la posibilidad de que Escobar sea detenida a su regreso a Ecuador y aseguró que la Comisión se toma "muy en serio" las denuncias sobre su posible arresto.
A la audiencia no acudió ningún representante del Gobierno de Ecuador, que sí asistió a la primera sesión del día pero faltó a las tres siguientes, sin ofrecer inmediatamente explicaciones a la CIDH.
