La denuncia por corrupción contra el presidente brasileño Michel Temer llegó este jueves, 29 de junio, a la Cámara de Diputados, dando inicio a un proceso que podría destituirlo, en un nuevo capítulo de una interminable crisis.
En poco más de un año, el mandatario conservador debió sortear un proceso en la justicia electoral y perdió a seis miembros de su Gabinete salpicados por el megafraude a la estatal Petrobras.
"La Cámara de Diputados recibió esta mañana la denuncia de corrupción pasiva contra el presidente de la República Michel Temer. Es la primera vez que un presidente de la República en ejercicio de su cargo es acusado de un delito común", señaló el cuerpo legislativo en un comunicado.
Temer, de 77 años, cuenta con una popularidad de apenas el 7% y está en la cuerda floja, solo 13 meses después de la caída de la izquierdista Dilma Rousseff por manipulación de las cuentas públicas.
El jefe de Estado, decidido a concluir el mandato a fines de 2018, acusó al fiscal general Rodrigo Janot, autor de la denuncia, de actuar con intenciones políticas.
Un argumento compartido por buena parte del Congreso, bajo el foco de la operación Lava Jato sobre el caso Petrobras. La Cámara debe determinar si el Supremo Tribunal Federal (STF) puede abrir un proceso contra el mandatario; para ello, el pedido debe ser aprobado por al menos 342 diputados (dos tercios de los 513 escaños).
El oficialismo cuenta con una holgada mayoría en la Cámara baja y para bloquear el caso solo necesitaría que 172 diputados voten en contra de la propuesta, se abstengan o se ausenten el día de la votación.
"La oposición no va a tener ni 200 votos", dijo el diputado ultraoficialista Carlos Marun. "El objetivo es desgastar al presidente y la denuncia tiene el claro objetivo de frenar al país", añadió.
Janot acusó a Temer de recibir un soborno de 500 mil reales (150 mil dólares) de la empresa JBS, la mayor procesadora de carne del mundo.
La Policía fotografió a Rodrigo Rocha Loures, exdiputado y uno de sus asesores más cercanos, recibiendo una maleta con el dinero y lo arrestó. Janot afirma que ese dinero estaba destinado a Temer.
Temer pretende neutralizar la denuncia antes del receso parlamentario que comienza el 17 de julio, estimó el diputado Julio Delgado, del PSB, que recientemente rompió con la base oficialista. Delgado apuesta a que Janot presente al menos otras dos denuncias contra el presidente (por obstruir la justicia y por integrar una organización delictiva) y proyecta un segundo semestre "caliente".
"Es verdad que el Gobierno tiene muchos instrumentos y los va a usar: el presupuesto, la posibilidad de repartir cargos para todo el mundo y el espíritu de cuerpo de muchos diputados que están denunciados como el propio presidente. Pero todos saben que el voto será con nombre y apellido y las elecciones de 2018 están a la vuelta de la esquina", dijo a la AFP.
Temer se anotó el miércoles un módico triunfo cuando una comisión del Senado aprobó el proyecto de reforma laboral incluido en su agenda de ajustes, que le vale el apoyo de los mercados.
Pero queda por delante la más espinosa reforma del régimen de jubilaciones, que requerirá el apoyo de tres quintas partes del Congreso.
Los sindicatos convocaron para el viernes una jornada de movilización. La Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara (CCJ) analizará en los próximos días la denuncia. La defensa de Temer tendrá hasta 10 sesiones para manifestarse, pero el Gobierno tiene prisa y en el Congreso esperan que no use ni la mitad de ese tiempo.
La CCJ emitirá luego su parecer no vinculante y lo enviará al plenario. Si el caso llegara a la suprema corte, los 11 jueces de esa instancia definirán si abren juicio o lo descartan.
Si dan continuidad al proceso, Temer será suspendido por un máximo de 180 días y asumirá el oficialista Rodrigo Maia, presidente de la Cámara.
Si Temer es declarado culpable, será destituido y el Congreso debería elegir a su sucesor 30 días después. De lo contrario, retomaría su presidencia.
Decenas de políticos de casi todos los partidos y encumbrados empresarios fueron condenados a duras penas de cárcel o están siendo investigados en el marco de la operación Lava Jato.
Sin tregua, Brasil podría tener en breve una nueva conmoción política, cuando el juez de primera instancia Sergio Moro publique la sentencia del primero de los cinco juicios que enfrenta el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), por corrupción.
