La falta de voluntad política mantiene impunes los casos de cientos de niños y niñas desaparecidos durante los años del conflicto bélico en El Salvador (1980-1992), denunciaron este viernes organizaciones humanitarias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en San José.
La Corte emitió hace once años una primera sentencia condenatoria contra el Estado salvadoreño en relación con la desaparición de ocho niños y niñas, pero "no hay voluntad política para investigar y sancionar a los responsables", afirmó Valentina Ballesta, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Ballesta hizo la afirmación ante los jueces internacionales, en el marco de una audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencias relacionadas con los casos conocidos como Serrano Cruz y Contreras y otros, acerca de la desaparición de ocho niñas y niños.
El primero de los casos se refiere a la desaparición de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano, de siete y tres años, ocurrida el 2 de junio de 1982 en el norteño departamento de Chalatenango, durante un operativo militar.
El caso Contreras y otros se relaciona con la desaparición de seis niños y niñas en diferentes hechos entre 1981 y 1983, las cuales son atribuidas también a diferentes cuerpos militares salvadoreños.
En la audiencia de este viernes, tanto CEJIL como la Oenegé salvadoreña Asociación Pro Búsqueda señalaron que entre los varios obstáculos al cumplimiento de las sentencias está el bajo presupuesto estatal destinado a investigar las desapariciones forzadas.
También "la falta de especialización de quienes llevan estos procesos y el desconocimiento de la sistematicidad con que se violaron los derechos humanos durante el conflicto interno".
Las organizaciones plantearon a la Corte IDH que El Salvador tampoco ha cumplido con la creación de un banco de perfiles genéticos para la identificación de personas, que es otro de los mandatos de la sentencia.
"Sin esto no podremos identificar a las víctimas ni reunir las familias fragmentadas producto de estas violaciones", afirmó Eduardo García, de Pro-Búsqueda.
La Corte IDH verificó el retraso en el cumplimiento de las sentencias y solicitó al Estado salvadoreño información precisa sobre los tiempos y las acciones a seguir, para hacer efectivas las reparaciones.
