La fiscalía guatemalteca y la Procuraduría General de la República de México confirmaron el lunes la detención del expresidente del Congreso de Guatemala Luis Armando Rabbé, que estaba prófugo desde 2016.
El político huyó del país luego de que se le retirara la inmunidad como diputado y fuera acusado de peculado, abuso de autoridad y contrataciones irregulares durante su gestión como presidente del legislativo entre 2015-2016.
Julia Barrera, vocera de la fiscalía guatemalteca, dijo que la Interpol le notificó a ese organismo la detención de Rabbé en la ciudad de Monterrey, en el norte de México.
En un comunicado de prensa, la PGR dijo que personal de la Agencia de Investigación Criminal cumplió “una orden de detención provisional con fines de extradición internacional en contra de Luis Armando “R”, tras un requerimiento formulado por el gobierno de la República de Guatemala, de conformidad al tratado en la materia suscrito entre ambos países”.
Un funcionario de la PGR que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones púbicas sobre el caso confirmó que se trata de Rabbé.
@PGR_AIC cumplimentó en #Monterrey, #NuevoLeón, orden de detención con fines de extradición contra Luis Armando "R", fugitivo reclamado por #Guatemala por los delitos de abuso de autoridad y peculado. https://t.co/gyGWBNJYtB pic.twitter.com/4d8gdoIfHa
La fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala acusan a Rabbé y a otros seis diputados y exdiputados del Congreso de realizar contrataciones, supuestamente irregulares e ilegales, de personas que no cubrían los requisitos para ejercer el puesto, y de encubrir el surgimiento de plazas fantasma a nombre de personal que no acudía a trabajar pero sí cobraba. Rabbé autorizaba las contrataciones.
“En su calidad de presidente del Congreso, (Rabbé) autorizó para la Junta Directiva un total de 164 plazas, muchas de ellas con toma de posesión retroactiva _lo cual está prohibido_ y sin el perfil idóneo. Además se detectó que algunas de estas personas no asistían a sus labores”, afirma la CICIG en su investigación.
Con lo ocurrido, dicen la fiscalía y la CICIG, se produjo un exceso de personal en el Congreso, que “ocasiona un impacto financiero importante y negativo, y que además ha generado una cultura institucional perversa de entender la participación en la Junta Directiva como un botín para el enriquecimiento anómalo”.
Juan Francisco Sandoval, fiscal especial contra la Impunidad, dijo a The Associated Press que esperan que las autoridades mexicanas extraditen a Rabbé a Guatemala para que sea juzgado.
