Brasil vivirá un miércoles 10 de mayo en vilo cuando el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sea interrogado por el juez Sergio Moro, a cargo de investigar la corrupción en Petrobras, una audiencia que podría reconfigurar el futuro político del país.
La ciudad sureña de Curitiba será el escenario para esa confrontación. De un lado, los miles de partidarios del histórico líder de izquierda que llegaron para apoyarlo, y del otro, la multitud de seguidores del magistrado que encarna la lucha contra la corrupción sistémica que intoxica al Estado brasileño.
La Policía montó una operación de gran escala para separar a los grupos antagónicos en distintos puntos de la ciudad y levantó un cerco perimetral en torno al edificio de la Justicia, donde solo se permitirá el ingreso de las partes involucradas.
El resto de los expedientes fueron suspendidos. Lula responderá los cuestionamientos de Moro sobre un caso que investiga si recibió un apartamento triplex de lujo en un balneario de Sao Paulo de manos de la constructora OAS, sumergida en el escándalo de sobornos en Petrobras, a cambio de “ventajas indebidas”, según la definición judicial.
Lula (71 años) y Moro (44), frente a frente. Finalmente. “El expresidente está preparado para dar su testimonio al juez Sergio Moro. Y va con la fuerza de la verdad”, dijo a la AFP su abogado defensor, Cristiano Zanin Martins.
Pese al consenso generalizado entre analistas de que Lula, señalado por la fiscalía general como el comandante de la red de sobornos en Petrobras, será condenado en esta primera instancia, Martins sostiene que aún no han probado una sola de las acusaciones.
“No tuvo ninguna participación en un esquema ilícito en Petrobras. Nada demuestra que eso pasó. Al contrario, las pruebas demuestran su inocencia. Y ahí es donde se constata que es un asunto político ¿Para qué continuar acusando a Lula si ya demostró su inocencia?”, agregó.
El expresidente lidera holgadamente los sondeos de intención de voto para los comicios de 2018 y los estudios más recientes muestran que la brecha en su favor crece, pese a tener un amplio índice de rechazo junto a su Partido de los Trabajadores (PT), que fue barrido en las últimas elecciones municipales.
La sentencia se conocerá entre 45 y 60 días después y sería la primera ligada al exmandatario en el marco de la “Operación Lava Jato”, que desvendó un fraude de más de 2 mil millones de dólares en la petrolera estatal.
De acuerdo con las leyes brasileñas, Lula no podría postularse si una eventual condena es ratificada en segunda instancia, que según los plazos habituales del tribunal en el estado de Paraná, es un proceso que suele insumir un año.
El expediente, conocido como el "apartamento de Guarujá", es una de las cinco acusaciones que hasta el momento pesan en contra de Lula, por corrupción pasiva, lavado de dinero, tráfico de influencia y obstrucción a la justicia.
El exmandatario niega todos los cargos y afirma que se trata de una ficción creada para maquillar una disputa política que pretende impedirle volver al poder en 2018, cuando lidera todos los sondeos de intención de voto.
La fiscalía lo acusa de haber recibido 3.7 millones de reales (1.16 millones de dólares al cambio actual) de OAS, incluyendo el apartamento de Guarujá (Sao Paulo) y si se benefició del costeo del almacenamiento de sus bienes personales y de su acervo presidencial entre 2011 y 2016.
