¿En Ecuador hay hoy algún mínimo de libertad de prensa?
Sí, si ese mínimo es opinar, investigar o publicar, con el temor de recibir sanciones, agresiones verbales por parte del presidente de la República. No, si el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión se hace en un ambiente cargado de temores, amenazas y sanciones, lo que ha deteriorado la calidad del periodismo.
Así evalúa Diego Cornejo, quien desde 2011 es director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), la situación actual del periodismo en su país.
En una entrevista, vía correo electrónico, Cornejo no duda en aceptar que medios y periodistas se autocensuran y ya no realizan periodismo de investigación. “Con excepción de contados medios que denuncian en internet”, afirmó.
Y va más allá. Asegura que en la población ha crecido el miedo de hablar con libertad.
Y es que el ambiente restrictivo y las agresiones son una constante en Ecuador, al menos desde 2008 –Rafael Correa es presidente desde enero de 2007–, de acuerdo con un registro disponible en el sitio web de Fundamedios, la oenegé que hoy afronta un proceso de disolución porque sus actividades de promoción de contenidos de periodismo crítico e independiente son consideradas actividad política y la Secretaría de Comunicación (Secom) del Estado le ha comunicado el inicio de un proceso administrativo.
Según Fundamedios, desde 2008 se han registrado mil 305 agresiones contra la libertad de expresión y 126 sanciones a medios y periodistas bajo la Ley de Comunicación, en vigencia desde octubre de 2013, cuando las restricciones recrudecieron, con, por ejemplo, la obligatoria publicación de réplicas si un funcionario se siente agraviado, a pesar de que se haya negado a dar su versión, o porque no se cubrió adecuadamente -según su criterio- un evento oficial, han denunciado medios como La Hora y El Universo.
La discusión de esta ley generó una serie de protestas en el país, que luego, según Cornejo, se siguieron haciendo a modo de resistencia a su aplicación.
El caso más reciente de sanción a medios bajo la ley es el de Fundamedios, que para Cornejo es un caso de “autoritarismo extremo”. “Anuncia la resolución de disolver a una organización de la sociedad civil que en Ecuador lucha por el mantenimiento y defensa de los derechos fundamentales, y le otorga en apariencia la posibilidad de defensa. La Secom es juez y parte en este proceso. Este anuncio es una amenaza desde el gobierno para todas las organizaciones de medios y periodistas, de trabajadores e indígenas, de profesionales y estudiantes que reivindican sus derechos conculcados”, adujo.
Cornejo alega que en este caso el derecho a la defensa y al debido proceso no existen realmente, “a menos que el gobernante recule por el alto costo político que va a tener que pagar por el cierre” de la organización.
El dirigente gremial argumenta que la acusación de politización hacia Fundamedios es absurda, y que el gobierno lo que pretende es cerrar una ventana que permite ver la grave situación que experimenta libertad de expresión y el derecho de asociación hoy.
“Los panameños, los latinoamericanos deben saber que lo que ocurre en Ecuador puede ser muy contagioso. [En 2014] en Panamá, en un organismo llamado Parlatino, un asambleísta ecuatoriano ‘vendió’ una ley modelo, similar a la Ley de Comunicación de Ecuador –aquí la llamamos ley mordaza–, para introducirla en la discusión legislativa de los países de la región”, recordó.
Ayer, hubo acciones de protesta frente a la Secretaría de Comunicación por la medida contra Fundamedios.
Ciudadanos protestan frente a la #SECOM por disolución de #Fundamedios y persecución a periodistas pic.twitter.com/MB2g6243ZZ
La amenaza que se cierne sobre Fundamedios también fue objeto de una reacción de la Sociedad Interamericana de Prensa, que a través de un comunicado condenó el proceso administrativo iniciado contra la oenegé. El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, cuestionó al gobierno de Correa por lo que llamó su “intolerancia ante las opiniones críticas, nada nuevo en esta etapa administrativa de Ecuador que ahora se ve coronada con la posible eliminación de Fundamedios, cuyo único delito es dedicarse a defender la libertad de expresión”.
La organización, que aglutina a los dueños de medios, dijo que “es menester una reacción firme de la comunidad internacional, especialmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de todos los gobiernos de la región, que no deberían permitir que se atropellen los principios básicos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta Democrática Interamericana, exigiéndosele al Presidente evitar que siga cercenando la libertad de prensa en el país”.
El Departamento de Estado de Estados Unidos también se pronunció ayer. “Estamos muy preocupados por las crecientes restricciones a la libertad de expresión y de asociación en Ecuador, particularmente la decisión de iniciar pasos legales para disolver Fundamedios”, dijo el portavoz, John Kirby, según la agencia AFP.
Kirby, quien leyó un comunicado durante su conferencia de prensa diaria, denunció “los esfuerzos del gobierno ecuatoriano de silenciar voces críticas y negar a sus ciudadanos acceso a información e ideas diversas”.
En tanto, Freedom House, una oenegé con sede en Washington, que promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos, cuestionó a través de un pronunciamiento colgado en su sitio web la medida estatal. “Los cargos tienen motivaciones políticas y es un ejemplo evidente de la falta de respeto a la libertad de expresión del gobierno”, aseguró Carlos Ponce , director del programa para América Latina y el Caribe.
Alegó que el gobierno ha venido hostigado a la oenegé y que la decisión de forzar su cierre por un procedimiento administrativo dudoso es el último ejemplo de la intolerancia a la disidencia.
ACCIONES DEL GOBIERNO
Protesta frente a edificio de medios públicos por el tema de #Fundamedios. pic.twitter.com/z3t0BIIWk5 Vía @HamiltnLopz
Uno de los ejemplos recientes de uso abusivo del poder del Estado, que registra Fundamedios, se produjo hace nueve días. “El 2 de septiembre, una cadena ordenada por la Secom interrumpió el programa de entrevistas Contacto Directo de Ecuavisa para descalificar a su conductor Alfredo Pinoargote, quien el día anterior, y tras otra cadena impuesta en ese espacio, le contestó a la Secom por haber acusado al medio de escoger a sus entrevistados “sin ningún criterio lógico”.
Otro caso registrado se dio el 31 de agosto de 2015. Ese día, "una cadena de 22 minutos y medio de duración y una réplica de casi un minuto ordenadas por la Secretaría de Comunicación (Secom) y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), respectivamente, interrumpieron la transmisión normal del programa investigativo de Ecuavisa Visión 360. El programa, de una hora de duración, se vio obligado a adelantar su transmisión media hora antes, por lo que fue difundido a las 22:00. Esto para evitar la interrupción de la cadena, la cual consistió principalmente en un espacio de corte propagandístico sobre las acciones y obras emprendidas por el gobierno en aspectos sociales como la equidad, igualdad, diálogo y justicia. Esta misma cadena ya había sido difundida la noche del pasado 12 de agosto, interrumpiendo los espacios noticiosos estelares de los medios televisivos nacionales. Dicha cadena también defendió los proyectos de Ley que grava impuestos a la plusvalía y las herencias y cuestionó el debate en redes sociales", señala el reporte del hecho.
Un comunicado de la Secom, disponible en El Ciudadano, órgano de difusión estatal, señala que la entidad “está legalmente imposibilitada de pronunciarse sobre el proceso administrativo que ha iniciado en relación a Fundamedios antes del plazo máximo concedido para que esta organización realice los descargos correspondientes”. Asimismo, asegura que su intención no ha sido iniciar un proceso de disolución y, por ello, en junio le solicitó cumplir con las normas de su propio estatuto.
"Fundamedios tiene el legítimo derecho a la explicación y justificación de sus acciones, en el plazo estipulado. Una vez entregado el mencionado descargo, la Secretaría de Comunicación emitirá su resolución, al amparo del ordenamiento jurídico vigente y en estricto respeto al estado de Derecho", concluye la nota.
