Las probabilidades de que la presidenta brasileña Dilma Rousseff sobreviva a un juicio político parecían disminuir el miércoles, después que dos partidos renunciaron a la coalición de gobierno, dificultando su intento de ganar una votación crucial prevista para el fin de semana.
Según la prensa local, las deserciones han acentuado la sensación de derrota entre los miembros del Partido de los Trabajadores de Rousseff de cara a la votación prevista para el domingo en la Cámara de Diputados.
Esa votación determinará si procede el juicio político a Rousseff, acusada de violar normas fiscales. Los partidarios del juicio necesitan dos tercios de los 513 votos en la cámara, o 342 votos, para elevar el proceso al Senado.
Si bien las diferencias son demasiado estrechas para pronosticar un resultado, el abandono el martes de la mayoría de los diputados del Partido Progresista, que tiene 47 bancas, y del Partido Republicano Brasileño, con 22, vuelven tanto más arduo para Rousseff obtener el tercio de votos que necesita.
Según el cálculo del diario Folha de S. Paulo, hay 281 votos a favor del juicio, 113 en contra y 119 indecisos. Los 36 diputados del Partido Social Demócrata se reunían para decidir su posición.
"Ministros cercanos a Dilma creen que la batalla contra el juicio político está prácticamente perdida", escribió la respetada columnista de Folha Monica Bergamo el miércoles. "Ninguno ha arrojado la toalla, pero el consenso es que el gobierno pasa por su peor momento".
Según informes de prensa, el presidente de la cámara Eduardo Cunha, el principal impulsor del juicio, planea organizar la votación de la manera menos favorable para la presidenta.
El diario O Globo informó que Cunha quiere iniciar la votación con los representantes de los estados sureños, que tienen a oponerse a Rousseff, y avanzar gradualmente hacia los estados partidarios del oficialismo para generar una ola de apoyo al juicio político. Se espera un anuncio oficial sobre el orden de votación en las próximas horas, según el informe.
El juicio político deriva de acusaciones de que el gobierno violó las normas fiscales al trasladar asignaciones presupuestarias para ocultar problemas.
La oposición dice que las maniobras contables le permitieron ganar apoyo público y que el juicio político corresponde a los deseos de la mayoría de los brasileños.
Rousseff y sus partidarios dicen que las denuncias son falsas y que las maniobras financieras realizadas son práctica habitual, utilizada por dos presidentes anteriores. Dice que el proceso es un intento de golpe de estado por parte de sus adversarios.
Si los partidarios del juicio político ganan la votación del domingo, el proceso pasa al Senado, que debe votar si inicia el juicio. En tal caso, Rousseff sería suspendida y el vicepresidente Michel Temer asumiría interinamente.
