El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tensó su ácida disputa con el expresidente Rafael Correa (2007-2017) al convocar por decreto a una consulta popular que busca eliminar la reelección indefinida aprobada por su copartidario, convertido hoy en su enemigo político.
Moreno tomó la decisión ayer miércoles 29 de noviembre, alegando que la Corte Constitucional, que tenía 20 días para decidir si aceptaba o no la consulta y sus siete preguntas, superó el tiempo establecido para pronunciarse.
El mandatario había presentado la propuesta el 2 de octubre.
"Porque es el derecho del pueblo, y porque me ampara el Art. 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, he enviado al CNE (Consejo Nacional Electoral) los Decretos Ejecutivos 229 y 230 convocando a la consulta popular. íVamos por un SÍ rotundo!", escribió Moreno en Twitter.
El CNE tiene 15 días para convocar a la consulta popular, y de ahí un plazo máximo de 60 días para ejecutarla.
La secretaria jurídica de la presidencia, Johana Pesántez, quien entregó los decretos al CNE, precisó que transcurridos los 20 días sin una resolución de la Corte, se considera que el dictamen es favorable. "Lo que la Corte Constitucional en este momento haga ya no tiene validez alguna", declaró a la prensa.
La Corte Constitucional no se ha pronunciado aún sobre la decisión de Moreno. En tanto que en el CNE, su titular Juan Pablo Pozo -al que la oposición vincula con el correísmo- renunció este miércoles al terminar su gestión. "Al concluir el periodo constitucional para el que fui designado, aun cuando exista la vía legal para la prórroga de las funciones, dejo mi condición de presidente y consejero del órgano electoral", manifestó Pozo ante el Congreso.
El expresidente Correa, quien el sábado volvió a Ecuador desde su retiro en Bélgica, calificó de "golpe de Estado" tanto el decreto de Moreno sin esperar al dictamen de la Corte, como la consulta en sí. "Es un golpe de Estado. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Van a retroceder el país 20 años. Volver a ese país de la coyuntura en función de intereses políticos", aseguró en rueda de prensa en Quito.
Aliados en el pasado, Correa y Moreno mantienen desde hace meses una pelea por el control del partido Alianza País (AP), ahora dividido entre "correístas" y "morenistas". Correa acusa a Moreno, que fue su vicepresidente entre 2007 y 2013, de aliarse con la oposición para desmontar su legado.
De aprobarse la eliminación de la reelección indefinida, aprobada en 2015 por el oficialismo, quedaría bloqueada una eventual candidatura de Correa para las presidenciales del 2021.
El exmandatario criticó también la pregunta que plantea cesar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana -un órgano creado por Correa para nombrar autoridades de control y electorales- y sugirió que el nuevo organismo será "una sucursal del Ejecutivo". "Van a poner a sus fiscales, a sus contralores para perseguirnos. Eso es todo, tratar de aniquilar a Correa", denunció.
El ejecutivo en su desesperación, tomó una decisión que es un camino sin retorno, irrespetando la Constitución que tanto dicen cuidar: @MashiRafael en @aprimerahora_ec #RafaelEsRevolución pic.twitter.com/fkxIMplrYu
Otras preguntas de la consulta plantean la eliminación de la ley que imponía impuestos a la especulación inmobiliaria, reducir el área de explotación petrolera en la reserva amazónica protegida del Yasuní o restringir la minería en áreas protegidas.
Para el constitucionalista Juan Francisco Guerrero la Corte Constitucional, aunque se ha "demorado más de lo necesario", está dentro del margen establecido por la ley para pronunciarse, debido a que el plazo puede fraccionarse o suspenderse por un lapso, según el reglamento de la institución. "Se sienta un precedente de que si la Corte no se pronuncia en determinado tiempo por arte de magia las preguntas se vuelven constitucionales", explicó Guerrero.
Pero el jurista Enrique Herrería argumenta que la Ley citada por Moreno está por encima del reglamento de la Corte Constitucional. Moreno "ha actuado dentro del marco constitucional" y "no existe ningún recurso y ninguna forma de impugnar este pedido" de consulta, argumentó Herrería.
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Analistas coinciden en que la consulta es una suerte de termómetro que le permitirá a Moreno medir el apoyo popular y afianzarse en el poder.
Las diferencias entre Moreno y Correa, que empezaron con un cruce de críticas y reproches poco después del cambio de mando el pasado 24 de mayo, son irreconciliables y han fracturado a Alianza País, el poderoso movimiento en el poder desde 2007 y mayoritario en la Asamblea Nacional. Ambos bandos han nombrado sus propios presidentes y directivas, y los "correístas" han convocado a una convención nacional el próximo 3 de diciembre, a la que asistirá Correa, y que es desconocida por los "morenistas".
