Gremios empresariales de Nicaragua llamaron este viernes al gobierno de Daniel Ortega a reanudar el diálogo con la oposición para buscar una salida "democrática" a la crisis que vive el país, tras manifestar su preocupación por la creciente violación de los derechos humanos.
"Es fundamental la voluntad del gobierno para encontrar una solución democrática, cívica y pacífica a través de la reanudación del diálogo nacional que adicione garantes internacional", demandaron tres importantes grupos empresariales del país en un comunicado.
Los empresarios se refieren al diálogo que el gobierno inició en mayo con la opositora Alianza Cívica, con la mediación de la iglesia católica, para resolver el conflicto que enfrenta el país desde el estallido de las protestas, en abril, luego estancado por la represión.
La declaración, titulada "Exigimos respeto a nuestros derechos constitucionales", fue firmada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico (Funides).
Hacemos pública nuestra posición frente a los recientes hechos que han agudizado la crisis política, social y económica que atraviesa Nicaragua. Insistimos en la urgencia de que el gobierno muestre voluntad para reanudar el Diálogo Nacional. #SOSNicaragua pic.twitter.com/YybKt4oebS
Según el texto, "los derechos constitucionales de los nicaragüenses se encuentran de hecho suspendidos cuando constatamos que de forma cotidiana personas, organismos de la sociedad civil, medios y periodistas independientes están siendo capturados, acusados, asediados y perseguidos de forma ilegal".
Sostiene igualmente que "los derechos a la concentración y movilización cívica y pacífica han sido proscritos ya que el gobierno ha cerrado todo espacio para ejercer estos derechos".
Los empresarios rechazaron además el "hostigamiento policial" contra opositores y la reciente expulsión del país de la feminista Ana Quirós, de origen costarricense.
Advirtieron asimismo que "las posibilidades de recuperación económica" tras las protestas son obstaculizadas por la toma de tierras privadas por parte de agentes del gobierno.
La crisis ha provocado la pérdida de más de 400.000 empleos, la fuga de más de mil millones de dólares del sistema financiero y una caída de las proyecciones de crecimiento económico del 4.9% al 1% para 2018.
El encarcelamiento de cientos de opositores y la migración de miles de nicaragüenses tampoco "abona al clima de reconciliación" que el gobierno dice promover, afirma la nota.
Las protestas se iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma del seguro social, cuya represión provocó 325 muertos y una demanda de salida del poder de Ortega, en el poder desde 2007. El presidente ha rechazado la propuesta opositora de adelantar las elecciones de 2021 a 2019.
