Los investigadores enviados a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron blanco de espionaje, reveló un estudio el lunes, atizando un escándalo que puso en aprietos al presidente Enrique Peña Nieto.
Un teléfono utilizado por los expertos de la CIDH recibió mensajes de texto con el propósito de ser infectado por el software de espionaje Pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO Group y que se vende exclusivamente a gobiernos para combatir a terroristas y criminales, indica un análisis de la Universidad de Toronto.
Este sistema fue adquirido por el Gobierno de México.
Los hechos ocurrieron a principios de marzo de 2016, poco después de que los expertos "criticaran al Gobierno mexicano por interferir en su investigación, y mientras preparaban su reporte final" sobre este crimen que costó al gobierno numerosas críticas por parte de la comunidad internacional, añade el reporte.
La CIDH consideró "extremadamente preocupante" la información presentada por miembros del denominado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunciando el presunto espionaje, afirmó el presidente de esta Comisión de la OEA, el peruano Francisco Eguiguren.
"Debe haber una investigación con todas las garantías de independencia e imparcialidad, que establezca las responsabilidades tanto materiales como intelectuales de las supuestas acciones de espionaje", dijo Eguiguren a la AFP.
El análisis de la universidad canadiense confirmó además que "al menos 19 personas fueron blanco del programa NSO en México, incluyendo abogados, políticos, periodistas, activistas que combaten la corrupción, científicos, defensores de la salud pública, agentes gubernamentales y sus familiares".
Se trata de "un abuso sistemático de esta tecnología, mayor al que jamás hayamos visto en cualquier otro caso examinado" en los últimos cinco años, dijo a la AFP John Scott-Railton, uno de los principales investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto.
Aunque el académico no puede asegurar que el espionaje haya sido perpetrado por el Gobierno mexicano, estima que quien quiera que lo haya hecho "estaba extremadamente motivado en enfocarse en las críticas contra el gobierno y en aquellos que desafiaron la posición gubernamental en una vasta gama de temas".
El escándalo sobre el presunto espionaje estalló el 19 de junio a raíz de un reportaje publicado por el diario estadounidense The New York Times, que reveló los hallazgos de la Universidad de Toronto y otras organizaciones.
Esto llevó a un grupo de activistas y periodistas a denunciar legalmente al Gobierno de México por intervenir sus teléfonos móviles.
Algunos de los compradores de Pegasus son el Ministerio de Defensa Nacional de México y la fiscalía general.
Peña Nieto rechazó cualquier intervención en la vida privada de los ciudadanos y ordenó a la fiscalía general una investigación que lleve ante la justicia a "aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno".
Esta reacción fue interpretada como una "amenaza" por parte de varias organizaciones civiles, llevando al presidente a desdecirse.
Peña Nieto también sostuvo que él mismo recibe mensajes cuya fuente desconoce, pero procura "ser cuidadoso" de lo que habla por teléfono, una declaración que las organizaciones calificaron de alarmante.
Pegasus envía mensajes SMS desde direcciones o dominios falsos supuestamente pertenecientes a servicios de noticias, redes sociales y hasta la embajada de Estados Unidos, acompañados de enlaces maliciosos que al ser abiertos por el usuario permiten la infección del dispositivo.
Una vez infectado por Pegasus "tu teléfono es un espía en tu bolsillo, ya sea lo que dices cerca de tu teléfono, lo que sucede enfrente de las cámaras de tu teléfono, o lo que escribes en él, tu lista de contactos, tus correos, todas tus cuentas... todo puede ser robado", comenta Scott-Railton.
Las acusaciones de espionaje del gobierno a periodistas y activistas no son nuevas en México, pero este caso se produce en uno de los años más cruentos para la prensa mexicana con el asesinato de seis periodistas desde enero a la fecha.
Además, las revelaciones de este lunes reabren la vieja herida del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014, que cimbró a México con multitudinarias manifestaciones que incluso pedían la renuncia de Peña Nieto.
El grupo de la CIDH, que trabajó en México durante un año, refutó la llamada "verdad histórica" de la fiscalía, que sostenía que los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa (en el estado sureño de Guerrero) habían sido masacrados por policías coludidos con narcotraficantes, que sus cuerpos fueron incinerados en un basurero y sus restos arrojados a un río.
Sin embargo, hasta ahora solo han sido plenamente identificados los restos de un solo muchacho.
Los expertos también buscaban examinar el posible involucramiento de las fuerzas federales y profundizar en la línea de investigación sobre la posible conexión del caso con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
