El expresidente salvadoreño Francisco Flores (1999-2004) fue recluido este jueves, 3 de diciembre de 2015, en los calabozos de la División Antinarcóticos de la Policía, en los que esperará a ser juzgado por delitos de corrupción y blanqueo cometidos al apropiarse y desviar 15 millones de dólares donados por Taiwán a su país.
El juez del Tribunal Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García Argüello, resolvió este jueves "procedente" el pase a la siguiente etapa procesal, la de juicio, por los delitos de peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y desobediencia de terceros.
Este será el primer juicio que afronta un expresidente en la historia democrática de El Salvador, y por el cual Flores podría pasar unos 40 años en la prisión.
Además de esta decisión, García Arg ello revocó la medida cautelar de arresto domiciliar del que gozaba Flores desde octubre de 2014, después de que este estuviera hospitalizado durante 19 días por una trombosis en una pierna.
Flores fue acusado en 2014 por la Fiscalía de apropiarse de 5 millones de dólares y desviar otros 10 hacia una cuenta del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), ahora en la oposición y que lo llevó al poder.
En una primera instancia la Fiscalía pidió al juez que no se incluyera el delito de lavado de dinero y desestimó la solicitud de la querella de agregarlo a la causa.
No obstante, el juzgador señaló que existen los elementos para que Flores sea procesado por blanqueo, debido a que los movimientos de los 10 millones entre bancos de Costa Rica, Bahamas y El Salvador "configuran preliminarmente el delito de lavado de dinero".
Detalló que estos tenían como objetivo "ocultar" el origen de los fondos que eran un "capital ilícito" proveniente del peculado.
El ente fiscal señaló el pasado 4 de noviembre, cuando inició la audiencia preliminar, que desconocía el destino final de los de otros 5 millones y dedujo que estos se sumaron al patrimonio personal de Flores, por lo que lo acusó de enriquecimiento ilícito.
No obstante, el juez García Arg ello determinó que "procede" modificar la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito al de lavado de dinero porque el procesado "ocultó el destino" de estos fondos.
Empero, la acusación de enriquecimiento ilícito se mantuvo porque dentro de las declaraciones patrimoniales hechas por el acusado al finalizar su período presidencial, no se justificó un ingreso por más de 343.000 dólares, que son indicio del referido delito, según García Argüello.
Otra decisión tomada por el juez fue la de desechar la petición de la Fiscalía y la defensa de expulsar a la querella del proceso.
El defensor de Flores, Edgar Morales Joya, dijo a Acan-Efe que no conciliará con la Fiscalía para buscar reducir la pena, de hasta 40 años, que afrontará su cliente en caso de ser hallado culpable de todos los delitos.
"No hay nada que negociar, los delitos no son negociables", dijo este jueves a Acan-Efe.
El abogado querellante de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), René Lavanderde, explicó a Acan-Efe que las penas máximas en El Salvador por los delitos de lavado de dinero son 12 años de prisión; 10 años por enriquecimiento ilícito; 15 años por peculado y 3 años por desobediencia.
Landaverde señaló que la Fiscalía debe investigar a los cómplices de Flores "porque la carga legal de la investigación le corresponde".
Para el querellante, el hecho de no incorporar la acusación de blanqueo "en este proceso buscaba que no se investigara a terceras personas""Una investigación sobre este delito va a trastocar intereses políticos y económicos muy fuertes, desde altos ejecutivos del sistema financiero, funcionarios de Gobierno de aquel momento, miembros de partidos políticos...", aseguró.
Añadió que uno de los posibles implicados podría ser el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), también de ARENA, porque este tenía firma autorizada en la cuenta a la que fueron movidos 10 millones de dólares de los 15 donados.
La fecha del juicio a Flores aún no se ha revelado puesto que primero debe ser escogido el tribunal de sentencia que conocerá el caso en un proceso interno del órgano Judicial, un trámite que tomará un tiempo que tampoco ha sido precisado.
