El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) expresó este jueves 14 de diciembre que en su país "no hay un Estado de derecho" y que la administración de su sucesor el presidente Lenín Moreno cuenta con la complicidad "de la prensa" para mantener el control.
"Lo que sí es claro es que en el Ecuador no hay un Estado de derecho, todo está tomado por el Ejecutivo, con la complicidad de la prensa", reiteró Correa en declaraciones que dio desde ciudad de Panamá a los medios internacionales.
El exmandatario sudamericano citó como ejemplo de la situación que se vive en su país que la administración del presidente Lenín Moreno, en el poder desde el 24 de mayo de 2017, está convocando a una consulta popular inconstitucional.
Detalló que las preguntas utilizadas en esa consulta deben tener un control constitucional y la administración de Moreno no ha cumplido con ese requisito y lo evadió.
“La consulta es inconstitucional, la convocatoria es inconstitucional, y resulta que esa consulta le da todos los poderes al Estado, poder electoral, judicial, poder de control social al presidente de la República”, enfatizó.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador convocó a las urnas el 4 de febrero de 2018 para votar por una consulta popular y referéndum propuestos Moreno.
Un total de 13 millones de electores acudiría a las urnas para pronunciarse sobre siete preguntas: cinco de referéndum (enmiendas a artículos de la Constitución) y dos de consulta popular (temas de interés colectivo).
Porque es el derecho del pueblo, y porque me ampara el Art. 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, he enviado al CNE los Decretos Ejecutivos 229 y 230 convocando a la consulta popular. ¡Vamos por un SÍ rotundo! #LaConsultaEsDeTodos
Dos de las preguntas más polémicas son las que plantean suprimir de por vida los derechos políticos a los servidores públicos declarados culpables de delitos de corrupción y dejar sin efecto una enmienda constitucional que permite la reelección indefinida.Añadió que, cuando la administración de Moreno pueda nombrar a un contralor y un fiscal irán tras él para impedirle que regrese a su país.
Para Correa, la judicialización de la política es una estrategia regional que se está experimentando en toda América Latina “contra los dirigentes progresistas”, y como ejemplo citó lo que le ocurre en estos momentos a Cristina Fernández, en Argentina, y Lula Da Silva, en Brasil.
Por otro lado, Correa no aclaró los motivos de su visita a Panamá; detalló que ha realizado varias reuniones bilaterales y que los resultados de ellas se conocerán próximamente.
Solo dio a conocer que había cenado la noche del 13 de diciembre con el secretario general del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), Vinicio Cerezo.
En esta ciudad se realiza una reunión de cancilleres del SICA, en donde Panamá entregará la presidencia pro tempore a República Dominicana.
La visita de Correa causó sorpresa en el Ecuador y la comunidad internacional debido a que el expresidente –en junio de 2009– prohibió contratos públicos con firmas domiciliadas en los denominados paraísos fiscales tras un escándalo desatado por millonarias licitaciones adjudicadas a su hermano mayor, quien tiene empresas que operan desde Panamá.
Además, en 2015 dijo que algunos empresarios ecuatorianos evaden impuestos justamente a través de la creación de fideicomisos en naciones como Panamá, a la cual consideraba un paraíso fiscal.
