Falta de recursos, desafío para nuevo relator de la CIDH

WASHINGTON, Estados Unidos (AP). —Abogado y periodista de larga trayectoria en la defensa de la libertad de expresión, Edison Lanza parece más que preparado para su nueva función como relator encargado de velar por esos derechos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



Aptitudes como recaudador de fondos y saber manejarse con personal reducido tampoco le vendrían mal. Uno de los principales problemas que enfrentó la relatora saliente Catalina Botero durante sus seis años en el puesto fue la falta de recursos para cumplir su función en una región en la que abundan las denuncias de que la libertad de expresión está siendo cercenada.



“Tres abogados no alcanzan”, afirmó Botero, quien entregará el cargo a Lanza el lunes. "Tengo tres abogados, una persona que me ayuda con los proyectos, una periodista y una asistente administrativa. Eso es todo el equipo de la relatoría", declaró a la Associated Press.



Agregó que la relatoría tiene un presupuesto de un millón de dólares que obtiene de donantes, ya que la Organización de Estados Americanos, a la que está adscripta la CIDH, no aporta un centavo. “Comprenderás que para 35 países...", dijo Botero, quien es colombiana, sin completar la frase.



“Te estoy hablando de la amenaza del crimen organizado, de la obligación de generar estándares en materia de protección que sean viables, porque no le puedes pedir a los estados que hagan cosas que no pueden hacer.



Para eso tienes que entender la realidad de los estados, tramitar casos, asesorar a la gente, estudiar medidas cautelares. Además, unas cuatro visitas a la región al año y publicar tres informes temáticos como el de internet, el de acceso y el de violencia este año, y ya. Ahí se te fue un millón de dólares”.



Botero explicó que cuando se creó la relatoría en 1998, “la CIDH no tenía recursos y le pidió que buscase sus propios recursos”, lo que ha hecho desde entonces.



“La relatoría diseñó un plan estratégico, que aprobó la CIDH y todos los órganos técnicos de la OEA, y esa agenda la puso a competir en competencias de cooperación internacional. Y nos ganamos todos los concursos”, señaló.



La falta de recursos es tal que Botero dijo que se siente “en deuda con muchas personas que han necesitado mayor apoyo de la oficina”. No dio ejemplos específicos.



Lanza trabajó como periodista en diversos medios de comunicación de su Uruguay natal, como consultor de organismos internacionales en temas de libertad de expresión y derecho a la información, como abogado del sindicato de periodistas del Uruguay y como docente universitario, según la biografía de la CIDH. Además, ha presentado casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.



Fue elegido por sobre otros 48 postulantes al cargo. “He dedicado toda mi vida a la libertad de expresión”, declaró Lanza a la AP. “Me da placer trabajar en todo esto. Sé que es un tema difícil en la región, pero bueno, supongo que ahí también se pueden hacer muchas cosas como lo han hecho los relatores anteriores".



Lanza se negó a hablar de países en particular, pero sostuvo que el periodismo y los activistas “nunca pueden ser las primeras víctimas” incluso en naciones con intensa polarización ideológica.



Aseguró, no obstante, que “en aquellas situaciones donde corroboremos que pueda existir el peligro de que haya una violación a la libertad de expresión y lo tengamos que manifestar y tengamos que actuar, lo vamos a hacer”. “Lo cortés en este caso no quita lo valiente”.



Lanza deberá lidiar con situaciones volátiles sobre todo en Ecuador y Venezuela, los países con problemas más graves de violaciones a la libertad de expresión, según el último informe de la Relatoría.



El informe señaló a las autoridades ecuatorianas de amenazar a periodistas, abusar de las cadenas televisivas, emitir sentencias penales por ejercicio periodístico, acosar a organizaciones denunciantes y de regular excesivamente el acceso a la información pública con una ley orgánica de comunicación.



El apartado para las denuncias en el caso venezolano fue más extenso, e incluyó agresiones, amenazas y detenciones de periodistas y destrucción de sus materiales, prohibición de acceso a funcionarios y organismos públicos y la existencia de normas sancionatorias ambiguas o desproporcionadas que permiten abrir procesos judiciales y administrativos de manera discrecional.



Botero dijo que esas dos naciones andinas son los "los países de mayor preocupación" en relación con una de las dos tendencias negativas más importantes de la región: la captura de la escena pública por parte del discurso de funcionarios estatales.



La otra gran tendencia regional negativa es el crimen organizado, al que Botero describió como el principal eje de violencia contra periodistas. Al respecto, dijo que no se puede eximir a los gobiernos de su responsabilidad de proteger a la ciudadanía cuando el crimen organizado atenta contra periodistas.



“Cuando uno dice crimen organizado pareciera que uno dice que está relevando de responsabilidad a los estados, y me parece que eso es equivocado", señaló Botero.