La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, denunció este martes que tribunales han desconocido la solicitud de liberar a personas detenidas en manifestaciones opositoras sin seguir el debido proceso.
"Ni en los estados de excepción se puede suspender el debido proceso, yo estoy obligada a garantizar el debido proceso, este tipo de situaciones deben ser revisadas.
El país necesita seguridad jurídica", lanzó Ortega en su primera declaración a la prensa desde que comenzaron las protestas el pasado 1 de abril.
La fiscal usó como ejemplo una "situación anómala" en el estado Nueva Esparta (noreste), donde el organismo que dirige solicitó la libertad de un grupo de personas detenidas por la militarizada Guardia Nacional en una manifestación.
El acta de detención "no narra la circunstancia de tiempo, modo y lugar en que fueron aprehendidas las personas. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál era la conducta que desarrolló la persona para aprehenderla? Porque eso es importante en un acta policial (...) Esto impide imputar delito por carencia absoluta de la más mínima información para hacerlo", precisó.
"Apegados al ordenamiento jurídico solicitamos la nulidad de tal detención. Eso no fue acogido por el tribunal que optó por mantenerlos detenidos hasta la presentación de fiadores. Es probable que estas personas sí hayan cometido delitos, pero no hay nada que lo sustente", siguió.
Las manifestaciones opositoras iniciaron el 1 de abril tras la decisión del máximo tribunal de adjudicarse las facultades del Parlamento de mayoría opositora, algo que la fiscal -chavista confesa- consideró una "ruptura del orden constitucional" en una sorpresiva declaración.
La corte dio marcha atrás luego de fuerte presión internacional y la reacción de Ortega evidenció, según analistas, una fisura en el chavismo.
Ortega informó además que hasta el momento mil 289 personas fueron aprehendidas durante casi un mes de manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, de las cuales 217 están siendo presentadas ante los tribunales y 65 fueron acusadas.
La oposición ha denunciado que muchos jueces aumentan los requisitos a los exigidos por la ley para ser fiador de un manifestante detenido y permitirle que sea juzgado en libertad.j
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