Franklin Nieves, uno de los dos fiscales que se encargó de instruir el expediente contra el líder venezolano Leopoldo López, recibía órdenes de la fiscal general Luisa Ortega, a través de un tercero, uno o dos días antes de cada audiencia del opositor.
Así lo señaló al diario El Nacional una fuente cercana a Nieves, quien relató que el director de Delitos Comunes del Ministerio Público era el encargado de dar las instrucciones de cómo actuar, sin importar la debilidad de las pruebas que tenían.
El pasado viernes 23 de octubre, Nieves envió al digital La Patilla una grabación en video en que informó que había salido de Venezuela porque estaba siendo presionado por el Ejecutivo y sus superiores para que defendiera los argumentos con los que la jueza Susana Barreiros condenó a López el pasado 10 de septiembre –a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión– por los hechos de violencia que se produjeron tras la multitudinaria manifestación de febrero de 2014.
Frente a eso, dijo, decidió hacer lo correcto y decir la verdad: que el proceso se montó con pruebas falsas.
Según lo revelado por El Nacional, la fuente informó que “era una práctica habitual” el que los fiscales fueran citados para recibir instrucciones, y que a eso se refirió Nieves cuando dijo en el video que “fue sometido a presiones permanentes de sus superiores” para mantener la farsa que constituye el proceso penal contra López.
Agregó que en un pasillo del Palacio de Justicia, “Nieves llegó a decir a modo de infidencia: ‘Este caso es un castigo para mí. Yo estaba tramitando mi jubilación después de casi 20 años de servicio... y me echan encima este paquete”. Aseguró que también se frustró la posibilidad de que lo ascendieran al cargo de fiscal superior.
Otro fiscal consultado por el diario expresó que a Nieves “le asignaron el caso
López porque era un hombre de la absoluta confianza de la fiscal general y del director de Delitos Comunes”.
No obstante, indicó que “una vez [Nieves] manifestó su incomodidad con el caso decidieron mantenerlo vigilado con la incorporación eventual al juicio del subdirector de Delitos Comunes, Juan Carlos Tabares, así como con la eventual vigilancia de su compañera fiscal Narda Sanabria, que no tenía mayor dificultad de actuar contra López y condenarlo a como diera lugar”.
El Nacional informó que, desde el exterior, a través de un allegado, Nieves se limitó a negar que los familiares de López o el partido Voluntad Popular, que lidera el opositor, le hayan pagado a cambio de confesar su actuación fraudulenta.
“Ya sabemos que el Sebin [Servicio Bolivariano de Inteligencia] se ha activado para sembrar pruebas en ese sentido, así como para desarrollar una campaña de desprestigio en su contra”, agregó la fuente, que también advirtió de que en el puesto de acusador que desempeñó en el juicio, Nieves no era el hombre arrepentido que se mostró en el video.
“Fue inclemente y en varias oportunidades sugirió que [López] era responsable de las muertes de Da Costa y de Montoya, y de [las] 43 [personas]” que fallecieron en las protestas, remarcó.
Señaló, asimismo, que cuando le correspondió refutar las solicitudes de liberación de López, formuladas por distintas instancias de Naciones Unidas, se atrevió a asegurar que todas las resoluciones de los órganos internacionales de derechos humanos eran iguales: “un copy and paste”.
Por otro lado, el diario español El Mundo reaccionó ayer a través de su editorial. Afirmó que en cualquier país democrático, la confesión de Nieves habría provocado “un auténtico terremoto político y judicial, con la correspondiente depuración de responsabilidades al más alto nivel. Y, en paralelo, López habría sido puesto de inmediato en libertad, como mucho, a la espera de un nuevo juicio”. Pero, claro, dice el editorial, “estamos hablando de Venezuela, un país que hace ya mucho tiempo se desliza por la pendiente del autoritarismo y que en muchos aspectos es una auténtica dictadura”.
Al cierre de esta edición, La Patilla reportó que tenía información de que la vivienda de Nieves había sido allanada por el Sebin.
El Gobierno no se ha pronunciado formalmente ni en las redes sociales sobre lo dicho por Nieves.
‘ Chávez pidió fabricar caso a Rosales’
El diario La Patilla divulgó ayer una declaración realizada ante notario público por el exmagistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia Eladio Aponte, en la que señaló que en 2008, por órdenes del entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez, se le imputaron actos de corrupción a Manuel Rosales, en su momento gobernador del estado Zulia.
Según la declaración, fechada el 16 de abril de 2012 y hecha ante un notario de Costa Rica, Aponte tuvo conocimiento del caso del excandidato presidencial –que regresó a su país el pasado 15 de octubre y fue detenido de inmediato– porque la presidenta del Tribunal Supremo les ordenó impulsar la pesquisa. Aseguró que les pidió atender las directrices de la Fiscalía General “sobre hechos ya estructurados por este órgano” y que “sin prueba alguna” se le acusó de apropiación de millones de dólares.
Aponte, quien se encuentra en Estados Unidos, también dijo, bajo gravedad de juramento, que la Contraloría General tenía adelantado “el trabajo”, “que resultó un sinfín de falsedades”. Indicó que la presidenta del Tribunal les ordenó actuar de esa manera aduciendo que Chávez le dijo textualmente: “Tienen que meter preso a Manuel Rosales, una calaña como esa tiene que estar en prisión, no gobernando un estado, no puede estar suelto y ustedes tienen que asumir su responsabilidad”.
Agregó que también se obligó al Tribunal 19 de Control de Caracas a armar un expediente; que el juicio está paralizado por ausencia del acusado, pero está lista la sentencia condenatoria ordenada por el fallecido presidente.
