La fiscales brasileños de la operación anticorrupción Lava Jato advirtieron este jueves que la prohibición por la Corte Suprema de ordenar penas de prisión antes de que se agoten todos los recursos legales amenaza al combate contra la corrupción y la impunidad.
"La decisión de revertir la posibilidad de la prisión en segunda instancia está en disonancia con el sentimiento de repudio a la impunidad y con el combate a la corrupción, prioridades del país", expresaron los fiscales en un comunicado.
Afirmaron que la existencia de cuatro instancias judiciales "asociadas a un número excesivo de recursos" tiene como consecuencia "la demora y la prescripción, acarreando impunidad".
El cambio de jurisprudencia debe llevar a las cortes a examinar la situación de 4 mil 895 personas, entre ellas cuatro decenas de condenados por Lava Jato, que descubrió una trama de corrupción centrada en la petrolera estatal Petrobras.
Los fiscales de la operación, que llevó a la cárcel a decenas de políticos y empresarios de primer plano implicados en la trama, reconocen que la decisión "impactará a los resultados de su trabajo", aunque aseguran que seguirán "buscando justicia en los casos en los que actúa".
Argumentos en el fallo
El fallo de la Corte Suprema que obligará a revisar las sentencias de casi 5 mil presos, entre ellos el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, opuso a los defensores de la presunción de inocencia a quienes temen una mayor impunidad de la criminalidad de cuello blanco.
El Supremo Tribunal Federal (STF) determinó por 6 votos a 5 que las penas de prisión empezarán a cumplirse solo cuando el acusado agote todos los recursos disponibles y ya no inmediatamente después de la confirmación de la sentencia por una corte de segunda instancia.
La prisión de segunda instancia, vigente desde 2016, ha sido una de las principales armas de la investigación Lava Jato sobre una trama de corrupción en Petrobras, que llevó tras las rejas a decenas de políticos y empresarios de primer plano.
Los embates en el STF se dieron en torno a un artículo de la Constitución de 1988, que afirma que "nadie será considerado culpable hasta la firmeza de la sentencia penal condenatoria".
Estos son algunos de los argumentos expuestos:
A favor del cumplimiento de penas tras agotar todos los recursos:
-José Antonio Dias Toffoli, el presidente del tribunal, dio el voto del desempate. Adujo que la condena en firme como condición del encarcelamiento fue votada por los legisladores que elaboraron la Constitución. "No es un deseo del juez, no es un deseo de nadie como no sea el de los representantes del pueblo brasileño", alegó.
- Gilmar Mendes lamentó que los debates hayan estado "contaminados" por el caso Lula y criticó a los tribunales de Lava Jato, que consideraron "la posibilidad" de la prisión en segunda instancia como "un imperativo".
- Celso de Mello: "El Estado no puede actuar de manera abusiva", pues "nada compensa la ruptura del orden constitucional", dijo.
A favor de la segunda instancia:
-Luis Roberto Barroso consideró que la imposibilidad de encarcelar a personas condenadas en segunda instancia favorece a quienes pueden pagarse abogados. "El sistema es durísimo con los pobres y bien manso con los ricos".
-Luiz Fux: "Un hombre es investigado, luego es denunciado, luego condenado. Posteriormente, un tribunal de apelación confirma la condena. ¿Ese hombre va a llegar al STF con presunción de inocencia?".
- Carmen Lúcia: "El castigo incierto es certeza de impunidad" y "quienes más cuentan con esa certeza, o con esa creencia, no son los más pobres".
