La fiscal Canòlic Mingorance ha imputado por un delito de blanqueo de capitales a 29 personas, entre ellos a dos exministros del gobierno de Hugo Chávez, implicados en el expolio de 2 mil millones de dólares a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa).
La justicia andorrana les acusa de haber creado una supuesta red criminal en la que participaron directivos de Pdvsa y miembros del gobierno chavista que se encargaban de maniobrar las concesiones de obras públicas para que recayeran en manos de empresas privadas corruptas que previamente habían pagado coimas.
El esquema de corrupción se mantuvo, según las diligencias judiciales, de 2007 a 2012. Para ocultar el rastro de las coimas se usó una fundación de la Banca Privada d’Andorra (BPA) constituida en Panamá, BPA Serveis, que nunca contó con oficinas o empleados y que no figura en el organigrama empresarial del grupo.
Los implicados pidieron a BPA la creación de sociedades pantalla, reconducibles solo a testaferros para efectuar los pagos en cuentas en la entidad andorrana. A su vez, los directivos del banco cobraban comisiones fuera de la contabilidad ordinaria por los servicios prestados.
De los 29 encausados por el expolio de Pdvsa hay siete ciudadanos venezolanos, entre los que figuran los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; el jefe de la trama, Diego Salazar; el presidente de Pdvsa y exembajador en la Organizacion de Naciones Unidas (ONU), Rafael Ramírez; el ejecutivo de la petrolera Francisco Jiménez Villarroel, y al exabogado de la compañía Luis Carlos de León Pérez.
El resto de imputados corresponden a los perfiles de los exdirectivos y exgestores de BPA. Entre ellos el exdirector general Joan Pau Miquel y Cristina Lozano, la antigua responsable de BPA Serveis.
Según informa el Diari d’Andorra, hay una orden de búsqueda y captura por orden internacional de la fiscalía de Andorra a través de Interpol contra los imputados de Venezuela. Algunos de ellos, como Salazar, están detenidos en Venezuela donde precisamente enfrenta un juicio por la red de corrupción en torno a la petrolera estatal. Por su parte, Villalobos está detenido en España, pero Estados Unidos lo reclama por diversos casos de corrupción.
Precisamente la investigación sobre la trama en Pdvsa firmó la condena a muerte de BPA. El pasado 10 de marzo de 2015, el organismo de control financiero de Andorra -el Instituto Nacional de Finanzas (INAF)– intervino el banco andorrano después de la publicación del demoledor informe del Departamento de Estados Unidos de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) en el que calificaba a la institución de haber sido cómplice durante años de delitos de blanqueo de dinero del crimen organizado, en referencia a la mafia venezolana, entre otros casos.
Se trata del mismo esquema que convirtió a BPA en el operador del lavado de las coimas pagadas por Odebrecht en toda Latinoamérica. De hecho, fue precisamente BPA Serveis la que tramitó a través del bufete de abogados panameños Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) la constitución de las empresas fantasmas Mengil International Limited, S.A. y Pachira Limited, S.A. concebidas para enmascarar los supuestos millones de coimas que habrían recibido los Martinelli de parte de Odebrecht, que en parte están bloqueados por la justicia de Andorra.
Ambas fueron creadas con un capital social inicial de 50 mil dólares en Belice, el 31 de julio de 2014, pero después fueron nacionalizadas en Panamá. El caso Pernambuco, como se le conoce en Andorra a la investigación sobre las operaciones sospechosas realizadas a través de BPA y ligadas a la trama de corrupción Odebrecht, está en fase preliminar.
