La fiscalía brasileña pidió el miércoles que se investigue al juez de apelaciones que causó un embrollo judicial el fin de semana al ordenar sin éxito la liberación del expresidente Luíz Inácio Lula da Silva, en un acto que podría ser considerado un crimen de "prevaricación".
La fiscal general, Raquel Dodge, pidió la apertura de la investigación al Superior Tribunal de Justicia (STJ) asegurando que se trató de un "episodio atípico e inesperado que produjo efectos nocivos sobre la credibilidad de la justicia" brasileña. Dodge aseguró que "hay evidencias", incluso, de que el juez Rogerio Favreto, que estaba de guardia cuando tomó la decisión, "actuó motivado por sentimientos e intereses personales", según un comunicado de la procuraduría.
Lula, favorito para las elecciones presidenciales de octubre, cumple desde hace más de tres meses una pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción y lavado de dinero. El líder de la izquierda defiende su inocencia y sus abogados han tratado infructuosamente, incluso ante la corte suprema, que sea beneficiado con un recurso de Habeas Corpus, que le permita defenderse en libertad hasta que se agoten todos los recursos.
Por eso, el juez Favreto del TRF4 de Porto Alegre sorprendió a todo el mundo cuando el domingo concedió ese recurso al expresidente y ordenó su liberación inmediata en hasta tres ocasiones, incluso después de que el relator del caso en el tribunal interviniera para impedirlo, asegurando que no tenía competencia para hacerlo.
Dodge estima que la actitud de Favreto rompió con las reglas procesales y recordó que el magistrado estuvo afiliado al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula durante casi 20 años y había sido nombrado para algunos cargos públicos por miembros de esa formación. De hecho, la fiscal considera que el juez "formaba parte de una acción coordinada para liberar a Lula" y así "impulsar su candidatura" para las elecciones presidenciales de octubre, para las que es favorito. Y remarcó, en ese sentido, que tres miembros del PT presentaron el pedido de Habeas Corpus en ese tribunal el viernes en la tarde a sabiendas de que quien estaba de guardia el fin de semana era Favreto.
Favreto rechazó manifestarse por el momento, dijo el TRF4. Entretanto, la justicia también denegó el miércoles a Lula la posibilidad de ser entrevistado por la prensa en prisión, así como de participar o aparecer por videoconferencia en actos políticos, después de que su partido lo solicitara basándose en su condición de precandidato presidencial.
La jueza federal Carolina Moura Lebbos de Curitiba (sur) rechazó los pedidos de entrevista que habían hecho el periódico Folha de S. Paulo, el portal UOL y la cadena SBT considerando, entre otros motivos, que los presos no gozan de ese derecho de forma absoluta y que eso "alteraría la rutina" de la prisión e implicaría un refuerzo de la seguridad.
Además, para Lebbos, no sería válido el argumento del PT de que Lula estaría teniendo su igualdad de derechos como precandidato cercenados. La jueza considera que la precandidatura de Lula no fue "jurídicamente formalizada" y afirma, incluso, que si lo llegara a ser la ley brasileña de la Ficha Limpia lo dejaría "ineligible", al ser un condenado en segunda instancia.
La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, rechazó la decisión, recordando cómo notorios narcotraficantes dieron entrevistas desde prisión e insistió en que todo forma parte de un plan orquestado para que Lula (2003-2010) no vuelva al poder. "La justicia brasileña permite entrevistas con Fernandinho Beira-Mar y Marcinho VP, pero no las permite con Lula, el mayor líder popular de nuestro país. Si esto no es persecución, ¿qué es?", se preguntó en Twitter.
Lula cumple su pena en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde ha recibido a sus abogados, a figuras del PT o incluso al expresidente uruguayo José Mujica, y ha ido manifestándose a través de cartas escritas.
