La fiscalía mexicana se defendió de las críticas por la difusión del nuevo peritaje sobre el controvertido caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, mientras el Grupo Argentino de Antropología Forense avivó el fuego este sábado al sumarse a los reclamos de la CIDH.
En un abierto choque, el Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI), que trabaja en el caso a petición de los familiares de los jóvenes desaparecidos, rompió el viernes un acuerdo con la fiscalía para determinar si los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
El desencuentro vino después de que la dependencia anunció el viernes que los resultados de un último peritaje arrojaron evidencia suficiente para determinar que la noche de la desaparición "al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados" en un basurero de la localidad de Cocula.
Este anuncio fue duramente criticado por el GIEI, que consideró que se violó la confidencialidad acordada entre las dos partes para poder analizar los resultados antes de darlos a conocer públicamente.
Sin embargo, la fiscalía dijo este sábado en un comunicado que el anuncio "de ninguna manera es unilateral" y reiteró que el nuevo peritaje se hizo en base a un acuerdo alcanzado con el GIEI y "que se respetó en todo momento". El informe del viernes ratifica la versión oficial presentada en noviembre de 2014, según la cual los jóvenes fueron atacados la noche del 26 al 27 de septiembre de ese año por policías corruptos de Iguala, en el convulso estado de Guerrero (sur) quienes los habrían entregado a integrantes del cártel Guerreros Unidos.
Los sicarios los habrían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula, un municipio vecino de Iguala, para luego tirar sus cenizas a un río aledaño.Además de la investigación oficial, se han hecho dos peritajes adicionales e independientes que rechazan la versión oficial.Los expertos del GIEI, que llevan cerca de un año trabajando en el caso, concluyeron en 2015 que no existe evidencia de un fuego de esa magnitud en el basurero la noche de la tragedia.
El otro peritaje fue realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que también trabaja en el caso y que en febrero rechazó la posibilidad de que los 43 jóvenes hayan sido incinerados en ese lugar. Este sábado, el EAAF se unió a las críticas del GIEI al señalar que el informe del tercer peritaje "no especifica cuándo (temporalidad) pudo haber ocurrido ese fuego de grandes dimensiones".
En un comunicado, el EAAF, que se incorporó al caso pocos días después de la desaparición de los jóvenes en octubre de 2014, señaló que tampoco se aclara si en el basurero de Cocula se registraron otros fuegos antes.
El EAAF señaló que ha recopilado con las autoridades en la zona del basurero restos óseos, entre los que, de acuerdo a sus peritajes, 19 correspondían a humanos, mientras que para los peritos de la fiscalía 17 eran correspondientes a personas.
Sin embargo, añadió que cuando fueron recolectados esos restos "no se pudo establecer desde qué fecha (temporalidad) se encuentran depositados dichos restos allí", ni tampoco si quedaron ahí al mismo tiempo o en diferentes eventos. Los forenses argentinos señalaron que es importante considerar que en Iguala cerca de 300 personas han desaparecido, la mayoría en los últimos cuatro o cinco años.
De los 43 estudiantes desaparecidos solo uno ha sido identificado a través de pruebas de ADN extraídas de un hueso hallado en la bolsa recogida en el río San Juan, en el que los sicarios habrían arrojado las cenizas.
El permiso que el gobierno de México otorgó al GIEI para trabajar en el caso expira este mes y aunque los familiares de las víctimas han pedido su permanencia, el gobierno ha dicho que no habrá prorroga para su partida.lp
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