Fiscalía sigue la ruta de los pagos que hizo Odebrecht en Colombia

Fiscalía sigue la ruta de los pagos que hizo Odebrecht en Colombia


La Fiscalía de Colombia está tras la ruta de los pagos que la constructora brasileña Odebrecht aseguró haberle hecho a Gabriel García Morales, quien fue viceministro de Transporte en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

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La semana pasada este exfuncionario fue capturado, al ser acusado de recibir un soborno de 6.5 millones de dólares en el año 2009. Esto, presuntamente a cambio de favorecer a la cuestionada constructora en un contrato carretero.

Como parte de las diligencias que se llevan a cabo, peritos expertos rastrean acciones al portador que habrían sido usadas para mover el dinero de los sobornos y la identidad de las personas involucradas, según reportes del diario colombiano El Tiempo.





Publicación del diario El Tiempo sobre avances en las pesquisas por escándalo Odebrecht.

No obstante, conocedores del desarrollo del caso han asegurado que buena parte del dinero del soborno (6.5 millones de dólares) fue a parar a paraísos fiscales y a proyectos inmobiliarios en Colombia, agrega la nota periodística.

De hecho, El Tiempo estableció que el exviceministro tiene participación, entre otros, en una zona franca de 43 hectáreas que empezó a construirse en 2008 en un sector industrial de Cartagena.

"La Fiscalía rastrea la participación de García en otras sociedades y quiere establecer por qué a nombre del exviceministro no hay ningún bien registrado en Colombia", indica la publicación.

El exviceministro Gabriel García Morales se convirtió en la primera persona capturada —lo que ocurrió el jueves pasado— por el caso Odebrecht en la nación sudamericana.

Este sábado, las autoridades colombianas también capturaron al exsenador Otto Nicolás Bula, acusado de recibir 4.6 millones de dólares de la brasileña Odebrecht como soborno para asegurar la adjudicación de un contrato para la construcción de una autopista.

La constructora se declaró culpable en diciembre pasado en una corte de Estados Unidos por violar normas contra sobornos, como resultado de una investigación en Brasil sobre una compleja red de corrupción entre 2001 y 2016, que pagó unos 439 millones de dólares a partidos políticos, funcionarios extranjeros y sus representantes en varios países de América Latina.

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