En los papeles, la Fundación Clinton, dedicada a mejorar la vida de "millones de personas", podría pasar por una organización caritativa más, pero en los hechos alimenta sospechas utilizadas por los adversarios de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos.
A tres meses de las elecciones, Hillary Clinton es acusada casi cotidianamente de haber utilizado su influencia, cuando era jefa de la diplomacia estadounidense (2009-2013), para favorecer a esta estructura creada en 2001 por su marido y expresidente Bill Clinton (1993-2001).
"¿Cuándo es que se podrá ver en CNN reportajes sobre la corrupción en la Fundación Clinton?", se preguntó recientemente en Twitter el adversario republicano de la exsecretaria de Estado, Donald Trump.
El controvertido magnate ya había instado a su adversaria, a quien llama "Hillary la crapula", a devolver millones de dólares que la fundación había recibido de donantes sauditas.
A mediados de julio, más de 60 legisladores republicanos exhortaron al FBI y al fisco investigar a una fundación a la que presentan como "sin fe ni ley" y en el centro de "importantes cuestiones de corrupción política", según una carta obtenida por la AFP.
"No hay conexión alguna entre mi acción en tanto secretaria de Estado y la Fundación Clinton", se defendió la postulante demócrata a la Casa Blanca en declaraciones a la cadena Fox News, a fines de julio.
Los ataques a esta fundación, activa en los sectores de educación y salud, se concentran en sus fuentes de financiamiento. Según auditorías internas, en diez años sus recursos crecieron en 475%, superando los 337 millones de dólares. Los mayores montos provienen de grandes donantes, que en 2014 le aportaron unos 217 millones de dólares, y es ese precisamente el principal motivo de escándalo.
Destacan entre ellos, según cifras de la propia fundación, gobiernos extranjeros como el de Arabia Saudita (entre 10 y 25 millones de dólares), Kuwait (hasta 10 millones), Catar y Emiratos Árabes Unidos (hasta 5 millones de dólares).
Empresas multinacionales (Coca-Cola, Barclays, General Electric) también han respaldado financieramente diversos proyectos de la organización, que se vanagloria de haber facilitado tratamientos contra el VIH-sida a unos 11.5 millones de personas.
Las donaciones –cuya fecha de entrega no ha sido precisada– no revisten ilegalidad alguna, pero críticos de la fundación sostienen que fueron acordadas a cambio de actitudes complacientes de parte de autoridades estadounidenses.
En un artículo publicado en 2015, el New York Times había dado a entender que cuando era dirigido por Hillary Clinton el Departamento de Estado había aprobado, junto a otras dependencias gubernamentales, la compra por la empresa rusa Rosatom de la canadiense Uranium One, algunos de cuyos accionistas eran importantes donantes de la fundación.
El entorno de Clinton respondió entonces que las sospechas carecían de fundamento. Pero el caso reveló que algunas de las donaciones no fueron hechas públicas, contradiciendo una promesa de Clinton previa a su desembarco en el Departamento de Estado y su salida de la fundación, a comienzos de 2009.
Un memorándum de diciembre de 2008 de la fundación obligaba a revelar el nombre de ciertos donantes y a obtener el aval explícito del Departamento de Estado para recibir sus ayudas, con el fin de evitar cualquier tipo de conflictos de interés. Esas reglas fueron, sin embargo, ignoradas en relación a una contribución de 500 mil dólares realizada por Argelia en 2010, según reveló en febrero de 2015 el diario The Washington Post.
Ese mismo año la fundación debió admitir además "errores" en sus declaraciones impositivas, alimentando nuevamente una seria de sospechas, incluso surrealistas.
