El pasado 24 de junio la Secretaría de Comunicación de Ecuador (Secom) envió una nota a la oenegé Fundamedios en la que le decía que se había desviado de sus fines y la conminaba a dejar de emitir alertas, mensajes y ensayos en los que, “evidenciaba posiciones de carácter netamente político”.
Además, en el oficio se citaban las causales de disolución establecidas en un decreto ejecutivo que ha sido cuestionado por diversas organizaciones por su carácter inconstitucional.
La advertencia, que en su momento fue calificada por Fundamedios como una clara amenaza del gobierno por su labor de monitoreo, defensa y promoción de la libertad de expresión, fue cumplida esta semana. El martes 8 de septiembre la agrupación fue notificada de la Resolución 2015-SECOM-007 en la que se ordena el proceso de disolución.
Fundamedios “ha difundido mensajes, alertas y ensayos con indiscutibles tintes políticos que dejan clara la posición de esta organización social cuyo ámbito de acción debería desenvolverse en relación a la comunicación social y al periodismo”, señala en uno de sus considerandos la nota.
MENSAJE A LA SOCIEDAD
@FUNDAMEDIOS lo de la #SECOM es una agresión a la prensa pic.twitter.com/zOOGWIQYhW
Mauricio Alarcón, abogado y director de Proyectos de Fundamedios, manifestó a este medio, vía telefónica, que a la notificación se adjuntó un expediente de la Secom en el que las pruebas sobre su supuesta actividad política son publicaciones que realizan en Twitter para difundir contenidos de blogs de periodistas independientes sobre la situación del país.
“Es decir, facilitar y difundir la expresión de ciudadanos en general y periodistas en particular es considerado por el gobierno como una actividad política que genera consecuencias”, aseguró.
Para Alarcón, no se trata solo de una sanción a su organización sino de un mensaje claramente intimidatorio a la sociedad. “Estamos a merced de la subjetividad de un funcionario de turno, quien es el que de acuerdo a su criterio y por sobre la ley determina las razones y las causas que pueden generar el cierre de una organización”, apuntó.
Lo que se busca es que nadie haga promoción y defensa de derechos humanos, que se genere debate y opinión. Una actividad que es legal en cualquier lugar democrático del mundo, remarcó, resulta ser una actividad irregular y causal de una disolución en un gobierno que se autocalifica como democrático.
En la resolución se conede un plazo de 10 días a Fundamedios para que “ejerza su derecho a la legítima defensa, conteste el presente acto administrativo y presente las pruebas de descargo de las que se crea asistida”.
Para el directivo de la oenegé, ese “enunciado” es una “simple formalidad”, ya que del expediente se desprende que la decisión está tomada. “No hay presunción de inocencia en ninguno de los informes que han sido remitido por la Secom, hay afirmaciones categóricas y supuestas pruebas contundentes de nuestra actividad política, y la persona que toma la decisión es la misma que nos ha notificado con esta resolución de inicio de un proceso de disolución”, indicó.
Ataques que denuncia Fundamedios
Fundamedios señaló que agotará todos los recursos que tienen a su alcance a pesar de que estarán en manos de la misma persona que “ha firmado su sentencia de muerte”, ya que la mayoría de ellos tienen que interponerse dentro de la misma institución pública.
Obviamente, aclaró, habrá otros recursos y acciones que emprendamos, especialmente vinculados a garantías constitucionales. No obstante, alegó que hay pesimismo de su parte, por cuanto que la justicia tampoco es independiente, está en manos del poder de turno.
Alarcón dijo no saber qué ocurrirá dentro de estos diez días que han empezado a correr, pero de su parte continuarán llevando a cabo la labor de defender y promover la libertad de expresión porque están comprometidos con esos principios que son fundamentales para la democracia.
¿Qué peligro representa Fundamedios como para querer disolverla?
Representa un peligro porque desde hace ocho años hemos venido denunciando cómo se censura, se agrede, se amenaza, a periodistas a ciudadanos, a medios de comunicación. Estas son las acciones que molestan al poder porque no quieren reconocer que sus acciones arbitrarias vulneran directamente las libertades fundamentales de los ciudadanos. Bajo esos conceptos obviamente representamos un peligro para las autoridades que quieren a través del aparato de propaganda mostrar dentro y fuera del país una realidad distinta a la que estamos viviendo.
¿Qué mensaje mandan a la comunidad internacional ante esta situación?
Abran los ojos. Lo que hoy está ocurriendo con nuestra organización ha ocurrido antes con otras, esto es solamente una marca más dentro de la lamentable situación de los derechos y libertades fundamentales en Ecuador. Es necesario que pongan atención a lo que está ocurriendo, porque al igual que en otros países de Latinoamérica aquí se vulnera de manera arbitraria y abusiva por parte del poder los derechos y libertades.
REACCIÓN
#Ecuador: Inminente cierre de organización que defiende la libertad de expresión http://t.co/j4BfxZX1ws pic.twitter.com/jlwHT3BUju
La organización Human Rights Watch (HRW) reaccionó en un comunicado. “El gobierno de Rafael Correa desea castigar a una organización por tuitear artículos con noticias y opiniones que le no le gustan”, manifestó Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas.
“Es un evidente abuso de poder y un ejemplo claro de las prácticas autoritarias de este gobierno”, aseguró.
Destacan que como pruebas la Secom presenta 57 tuits, que en su mayoría contienen enlaces a artículos o noticias donde se expresan críticas al gobierno, entre ellas, una del dirigente indígena Salvador Quishpe que habla sobre la situación política de Ecuador de cara al paro nacional del pasado 13 de agosto.
Otro de los tuits, según HRW, dice: “Las encuestas revelan que los ciudadanos quieren consulta” y contiene un enlace a un artículo de un periódico de Ecuador, en el cual el director de una encuestadora sostiene que los ecuatorianos desean ser consultados sobre diversos temas, entre ellos, la reelección presidencial indefinida.
La organización de defensa de los derechos humanos también recordó pronunciamientos que sustentan la falta de legitimidad de la decisión del gobierno ecuatoriano. Apuntó que el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula que el derecho de libertad de asociación “sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.Asimismo, aludió a que en 2012, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación observó que la “suspensión o la disolución involuntaria de una asociación deberá ser autorizada por un tribunal independiente e imparcial en caso de peligro claro e inminente de violación flagrante de las leyes nacionales, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos”.
Catalina Botero cuestiona medida
Catalina Botero, ex Relatora de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró a este medio que la medida adoptada por Ecuador contra Fundamedios es “absolutamente incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos”, algo que, dijo, el gobierno sabe.
“Una cosa es cuando un gobierno no puede controlar de alguna manera hechos que pueden ocasionar violaciones de DDHH o hacen lo posible y no pueden evitarlo, o de buena fe consideran que hay una interpretación distinta, pero cuando un estado ha firmado tratados internacionales no puede radicalmente desconocerlos y aquí se desconoce el espíritu, la letra, la finalidad no solamente de la Convención Americana de Derechos Humanos sino también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, dijo.
Explicó que las razones son evidentes. Primero, porque los gobiernos no pueden disolver organizaciones sociales por causales ambiguas, sin un debido proceso, sin un juez imparcial, sin seguir pautas claras, permitiendo la controversia de la prueba, y sobre todo con causales que sean realmente contrarias al derecho internacional y las leyes. En segundo lugar, agregó, las pruebas que se argumentan lo único que muestran es el talante autoritario del gobierno, no son pruebas en contra de Fundamedios, son pruebas en contra del gobierno de Ecuador.
“Disolver una organización porque difunde pensamiento crítico, pensamiento político contrario a la idea del régimen es lo más cercano que puede haber a un régimen profundamente autoritario... quieren perseguir a Fundamedios para silenciar sus reportes... lo que les molesta es verse en el espejo; y lo que es más grave todavía es que les parezca que es justo, que lo pongan por escrito y lo defiendan”, argumentó.
